Con la presencia del gobernador José Manuel de la Sota en el recinto, la Legislatura canceló la adhesión de la Provincia al Pacto Fiscal firmado en 1992 con la Nación, por el cual cedió el 15% de la coparticipación federal de impuestos al Estado central, con la intención de que Córdoba recupere esos fondos para destinarlos básicamente a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

A partir de ahora, el Gobierno de Córdoba quedará en condiciones de reclamar el reintegro a la Corte Suprema de Justicia, demanda que se sumaría a las ya presentadas para cobrar los $ 1.040 millones que la Anses le adeuda a la Caja.

El Pacto Fiscal denunciado fue firmado en el 92 por todas las provincias argentinas para colaborar en el financiamiento del sistema previsional nacional, que había sido privatizado a las Afjp. Como contrapartida a esa cesión de recursos, la Nación se comprometió a financiar el déficit de las Cajas de Jubilaciones no transferidas al Estado central, como en el caso de la cordobesa.

Ayer, el jefe de Gabinete y vocero del Gobierno provincial, Oscar González, dijo que Córdoba notificará la sanción de esta ley a las provincias cofirmantes, y anunció que luego se “intimará” a la Nación “para que no nos retenga más el 15%”. “Si continúa (con la detracción) obviamente vamos a ir a la Corte Suprema para que ordene el cese de esas retenciones”, señaló González en diálogo con Cadena 3.

“A esto lo hacemos con la idea de recuperar lo que es nuestro. Mientras hubo un convenio de compensación de déficit, lo mantuvimos porque somos parte del país, pero ahora, el 15% a cambio de nada, es demasiado”, agregó el funcionario.

El texto aprobado por el Poder Judicial, que tiene cuatro artículos, fue acompañado en general por todas las fuerzas políticas, con excepción de la legisladora Liliana Olivero, del Frente de Izquierda. El único cambio introducido al proyecto oficial fue a pedido de la UCR, y fue para establecer (en el artículo 3) que, una vez cubierto el déficit de la Caja, “el remanente formará parte de los recursos que, por ley, se coparticipen con los municipios y comunas de Córdoba”.

La ley establece que la denuncia al Pacto Fiscal corre a partir del “presente ejercicio fiscal” (no es retroactivo), y que se requerirá “el cese inmediato y automático de la detracción sobre la masa bruta de impuestos coparticipables”.

En los fundamentos, se expresa que la denuncia del acuerdo está fundamentada en “la discriminación irrazonable del Estado nacional, que no da cumplimiento a las obligaciones asumidas” con la Provincia de Córdoba “desde hace diecinueve meses”.

A la hora del debate, el Frente Cívico expresó duras críticas a De la Sota, a quien acusó de “endeudar la Provincia por más de lo que le reclama a la Nación”. Desde el oficialismo, el legislador Ricardo Sosa aseguró que Córdoba sufre la “discriminación” de la Nación.

Al finalizar la votación, De la Sota agradeció el acompañamiento de la oposición, y presentó un proyecto de ley para controlar el déficit de la Caja, que fue votado en soledad anoche, sobre tablas y sin debate en comisión, por el oficialismo, en medio de una gigantesca polémica.