El acuerdo, que incluye además de la difusión la implementación de un número telefónico (0800) para consultas y denuncias, fue firmado ayer por la tarde entre los ministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y de Salud, Alejandro Collia, y el presidente del Colegio de Abogados bonaerense, el bahiense Gerardo Salas.

Al respecto, Casal dijo que “el Estado estaba en deuda en tener una fuerte intervención en esta problemática con acciones y políticas concretas”, y prometió redoblar esfuerzos para “desbaratar estas organizaciones que tienden a lucrar con las necesidades de la gente”.

Por su parte, Collia expresó que “es un paso adelante poder garantizar plenamente el derecho a la salud y priorizarlo sobre otras cuestiones”, y sostuvo que se trata de “una herramienta muy positiva, muy importante que va a generar resultados positivos”.

El Colegio de Abogados difundirá en su ámbito las prácticas ilegales realizadas, mientras que los ministerios de Salud y Justicia colocarán afiches en instituciones de salud pública y privada y en las comisarías para la difusión de los derechos de las víctimas.

Mayormente, los “caranchos” frecuentan los pasillos de las fiscalías y los hospitales, en busca de casos que tienen que ver con accidentes de tránsito, acercándose a los damnificados a sus familiares, siempre con la idea de cobrar el seguro.

Bahía Blanca no sería ajena a estas “mafias”, de hecho el Colegio de Abogados emitió el año pasado un comunicado en el que da cuenta del accionar de estos sujetos.

Si bien aún no hay estadísticas consolidadas para dimensionar el problema, aquellos que integran el mercado de seguros mencionan que a nivel nacional, son fraguadas el 10 por ciento de las denuncias. Un perito que intenta hallar la verdad sobre un accidente detecta en promedio tres casos de fraudes cada mes.