La cuestión es cobrar. Se trata de los conocidos como proveedores del Estado y son los que ponen la mercadería en diversos programas sociales que administra el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Según dicen los propios proveedores les están debiendo, hasta julio, unos 5,5 millones de pesos. Es más, dicen que de seguir así el cronograma de pagos, a fin de año les estarán debiendo 50 millones de pesos.

De acuerdo al director general de Administración de esa cartera, Mario Marcucci, durante la semana que viene estarán cancelando el mes de julio.

Ayer un grupo de los más de 300 proveedores se reunieron con autoridades de esa cartera y se les prometió que habría respuestas el viernes de la semana que viene. Y los reclamantes retrucaron: "Si no hay respuesta nos vamos a ir a plantar en el Ministerio de Hacienda". Al respecto, Marcucci dijo que en ese encuentro del viernes les informarían cuándo se cancelaría agosto.

No son muy proclives a dar declaraciones. Dicen que no quieren problemas, pero explican que el ministerio hace pagos parciales, pero atrasados, por lo que hay expedientes impagos desde abril.

En total, esa cartera debería pagar 12 millones de pesos por mes en la asistencia alimentaria (la gran mayoría va a parar a las meriendas escolares). Pero los que deberían cobrar dicen que los pagos se atrasan y la deuda acumulada, desde abril a julio, es de cinco millones y medios de pesos.

Según relatan que en la reunión de ayer por la mañana hubo una promesa y que deberán volver el 9 de noviembre al mediodía, para que les hagan una oferta. "Dicen que nos van a arreglar hasta agosto, con suerte setiembre", contaron tras la reunión.

El problema es que buena parte de esos proveedores no son grandes empresas, por lo que tampoco hay "espaldas financieras" para sostener este crédito al Estado, sin correr peligro de quebrar.

Uno de los que se convocaron ayer en el quinto piso de Casa de Gobierno indicó que "lo que se paga con plata nacional, como la merienda reforzada, lo pagan a los 25 días". El problema son las raciones que cubre la provincia y que llegan a los 12 millones de pesos mensuales. "Sacá la cuenta, agosto, setiembre, octubre, noviembre, a 12 millones por mes, son 48 millones de deuda".

El director de Administración confirmó que el gasto en raciones escolares asciende a los 12 millones de pesos mensuales y que ese monto cubre 286.500 raciones alimentarias de 970 escuelas (primarias y secundarias), 207 jardines y las 2.260 familias que asisten a comedores de toda la provincia. "Los proveedores facturan a mes vencido. Y los que vienen de lugares más alejados, juntan tres o cuatro facturas para traerlas todas juntas. Por eso es que puede haber algunos expedientes atrasados", intentó justificar el funcionario.

Ya el 14 de agosto Los Andes publicaba que se retiraban las tortitas de la merienda reforzada en 530 escuelas. En aquel momento, oficialmente se informaba que el retiro de las tradicionales tortitas era por los problemas de sobrepeso en los chicos. "Se decidió retirarla sólo los miércoles pero de ninguna manera se ha suspendido la merienda de ninguna escuela ni se han recibido denuncias oficiales al respecto", decía el subsecretario de Desarrollo Social Rafael Moyano a este diario.

Sin embargo, quedaba flotando la sospecha de que el problema era justamente la deuda con los proveedores. Moyano explicaba que "si bien puede haber alguno que esté atrasado, ningún proveedor ha venido a plantearlo. Ya les hemos cancelado junio". Algo ha pasado, porque ayer los proveedores reclamaban deudas anteriores.

El 30 de marzo, se informaba acerca del inicio de la doble escolaridad en 249 establecimientos y una de las dudas era justamente el tema del almuerzo y cómo se iba a arreglar con los proveedores.