El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó este viernes una serie de objeciones al protocolo hospitalario puesto en funcionamiento hace una semana por el Gobierno pampeano para atender los casos de abortos no punibles: entre otros puntos, cuestionaron que desde el Gobierno no se ofrezca un listado de médicos que hagan opción de la objeción de conciencia y reclamaron que, también, estos tipos de abortos se puedan realizar en las clínicas privadas.
"De la lectura del protocolo, se deduce que el Gobierno de La Pampa se vio obligado a dar tratamiento a los abortos no punibles en respuesta al fallo de la Corte y al reclamo permanente del movimiento de mujeres y no como una política de Estado que busca garantizar la aplicación de derechos", sostuvieron.
Los cuestionamientos se dieron a conocer en una conferencia del foro -antes conocido como Foro No al Veto, en referencia al veto del primer protocolo, sancionado en 2007-, por Erica Montaña, Mónica Rodríguez y Mónica Molina.
Saludaron que se haya elaborado un protocolo, aunque con críticas. "Nosotros queríamos una herramienta (para reglamentar los abortos no punibles), pero no cualquier herramienta", manifestaron. Los principales cuestionamientos son los siguientes:
Menores. Criticaron que se ordene la derivación a la Dirección de Niñez y Adolescencia de las chicas menores de 18 años de edad. "Se viola el principio de confidencialidad previsto en el artículo 29 del fallo de la Corte Suprema de Justicia", dijeron.
De esta manera, manifestaron, se "dilatan los tiempos, se revictimiza a las mujeres, niñas y adolescentes, y entra en contradicción con las normas internacionales de rango constitucional que forman parte del marco jurídico" del fallo de la Corte. En esas normas, manifestaron, se establece que a los 14 años de edad ya pueden decidir por sí mismas.
Objeción de conciencia. Dijeron que "falta una regulación clara" de la objeción de conciencia. "Este punto, tal como se lo consigna en la resolución ministerial, contradice lo que a tal efecto se regula por la Ley Provincial 2079, en sus artículos 20 inc. A y 21 inc. b", expresaron. Por esa ley provincial, se establecen los procedimientos para la Objeción de Conciencia.
Desde el foro reclamaron que haya un listado y que sea público. Sin embargo, por la lectura del protocolo y las palabras del ministro de Salud, Mario González, no habrá listado y cualquier médico podría manifestar su objeción en cualquier momento. "Podrán acomodar su posición de acuerdo a cada caso", se lamentaron.
Los privados. Criticaron que en el protocolo no se haya incorporado a las clínicas privadas. "Se excluye al ámbito privado y de esta manera se hace efectiva la discriminación de género por clase y/o sector social", manifestaron.
Tratamiento psicológico. Dijeron que no debería ser "obligatorio" el tratamiento psicológico. Tendría que ser, dijeron, una opción.
Hospitales. El protocolo establece que las prácticas podrán hacerse en hospitales niveles 4 o superior. Desde el foro cuestionaron que se haya "eliminado la posibilidad de la atención pre y post-aborto en centros de salud y hospitales de menor complejidad".
Equipos interdisciplinarios. Pusieron sus peros con respecto a los equipos médicos interdisciplinarios. Dijeron que no está asegurado, al menos de la lectura del protocolo, que tengan la suficiente capacitación y que se garantice una intervención laica. Incluso, podría darse el caso de que en esos equipos haya quienes han hecho opción de la objeción de conciencia.
Errores. "En los textos advertimos varios errores de forma: diversas denominaciones hacia la mujer: ‘víctima', ‘paciente', ‘embarazo no punible', ‘embarazada' y desprolijidades serias (como la misma redacción en los artículos 1 y 2, inciso d), puesto que la condición de quien solicita el ANP no es la misma. Queda claro que la redacción ha sido tomada de distintos documentos sin unificar los términos utilizados. Y predomina un lenguaje sexista que no tiene por objetivo garantizar un derecho".
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