Una nueva serie de huelgas y paros contra las políticas de recortes marcó ayer el anuncio del regreso a Atenas de los inspectores de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), encargados justamente de verificar que Grecia está cumpliendo sus compromisos de ahorro.

Tres semanas después de que los expertos internacionales abandonaran Grecia por la falta de avances en la aplicación de esa política de austeridad, la UE anunció ayer que las negociaciones con el gobierno griego se reanudarán hoy, después de que Atenas mostrara disposición a recortar aún más el gasto público.

Los representantes de la "Troika" formada por delegados de la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) revisarán los detalles de un programa que abarca hasta el año 2014, con fechas y medidas concretas, cuyo primer objetivo es rebajar el déficit fiscal del 10,5% de 2010 al 7,6% este año. La rebaja de las jubilaciones y sueldos públicos, el aumento de los impuestos y la privatización de empresas forma parte de esta estrategia para reducir la enorme deuda del país.

Anteanoche, el Parlamento griego aprobó con una ajustada mayoría de 155 votos a favor y 142 en contra un impuesto extraordinario sobre la propiedad inmobiliaria. Se trata de unos ingresos extra para tapar un agujero de 1700 millones de euros, que alejaba al país del objetivo de déficit para este año.

Este impuesto ha sido muy resistido en la calle e incluso ha generado malestar en el propio Pasok, el partido socialdemócrata del primer ministro Giorgios Papandreu. El propio vicepresidente, Theodoros Pangalos, criticó ayer la nueva tasa, y reconoció que él mismo tendrá problemas para pagarla.

Respecto del resto de las medidas de ahorro que aún deben ser aprobadas por el Parlamento, Papandreu tiene previsto celebrar hoy un Consejo de Ministros para revisar esos proyectos de leyes. En la agenda está el alquiler o venta de propiedades y empresas estatales, que tendrían que aportar a las maltrechas arcas griegas unos 50.000 millones de euros para 2015.

También tiene que superar aún el trámite parlamentario el pase a "reserva" de 30.000 funcionarios, el recorte de sueldos y la rebaja en un 20% de las pensiones de más de 1200 euros. Como reacción a esas políticas, Grecia vivió ayer su enésima huelga, protagonizada por los trabajadores del transporte público y los funcionarios de Hacienda y Aduanas.

El subte, los colectivos, el tranvía y los trenes quedaron parados en Atenas, sin ningún tipo de servicios mínimos, en una huelga para protestar contra los despidos y la fusión de las empresas del sector.

Ante la falta de transporte público, los atenienses recurrieron al vehículo privado, lo que provocó embotellamientos de hasta cinco kilómetros.