Un informe de una consultora nacional revela que en Corrientes hay menos cortes que en otras jurisdicciones del NEA. La protesta social está cambiando con la actividad de movimientos sociales y la formación de organizaciones vecinales.
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cortes de la vía pública contabilizó en todo el país la consultora Diagnóstico Político que toma como base las publicaciones de los principales medios de comunicación. Con 581 cortes, Capital Federal lidera el registro.
Durante el 2011 en Corrientes se registraron 78 cortes en la vía pública, según detalla un informe de la consultora Diagnóstico Político. El número es inferior en relación con sus vecinas Chaco (104), Misiones (147) y Formosa (148). Sin embargo, la protesta social no puede observarse únicamente en términos cuantitativos. Puertas adentro la provincia mantiene sus características que la diferencia de otras jurisdicciones y se enmarca en un contexto de modificaciones de los actores y de las demandas de las organizaciones sociales.
La protesta social está cambiando. De la ebullición de la crisis de 2001 a la actualidad se modificó no sólo el modo de organización, sino también los tipos de demandas. En Corrientes prevalecen los movimientos vinculados a un sector político de filiación nacional, pero también, investigadores locales reconocen la formación local genuina de redes vecinales.
En un contexto de crisis, como en el último año del Gobierno de Fernando De la Rúa, los sectores de mayor vulnerabilidad salieron a las calles, acompañados por las clases medias que reclamaban por sus ahorros. Al pulso de la televisación de manifestaciones con la cual adquirió popularidad la denominación “piquetes” y “saqueos”, en la provincia también se detectaron focos de conflicto social. Avenida Armenia, lindante a barrios humildes como Pujol, Sol de Mayo y Quinta Ferré, fue uno de los escenarios.
Una década después, en esencia las demandas de los sectores vulnerables continúan siendo las mismas y están relacionadas a necesidades primarias (alimentación, vivienda, trabajo), ya que no se detectaron cambios sustanciales en la estructura económica. Sin embargo, éstas ahora están enmarcadas en una mayor política de protección social que genera pedidos para obtener una porción de ésta, como ser los planes sociales o estrategias de trabajo asociado, según evaluó Ana María Pérez del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste.
Los actores fueron modificándose y en otros casos acomodándose. A diferencia de décadas anteriores, el reclamo no se supedita únicamente al sindicalismo que en la provincia está encabezada, en la mayoría de los casos, por los docentes. En paralelo, atendiendo a otros sectores, fueron enraizándose movimientos sociales con actividades menos visibles pero activas en los barrios o en zonas rurales. Este es el caso de MTD, CCC, Barrios Unidos, entre otros. Todos con una filiación política nacional. Barrios de Pie, por ejemplo, es uno de los brazos del partido Libres del Sur.
De acuerdo con el origen político las organizaciones que se posicionaron en la izquierda piden en “términos de reivindicación de la clase obrera o de asistencialismo”, indicó la investigadora en diálogo con El Litoral. Así, algunos movimientos reclaman apoyo a los comedores, programas de microemprendimientos, acceder a planes sociales, dependiendo del “posicionamiento de la formación de su historia”. Éstos, además, realizan una serie de actividades vinculada “a una idea de solidaridad y comunidad”, señaló. Así, proliferan las clases de apoyo escolar, los merenderos, talleres de costura, de carpintería, organización de torneos de fútbol, entre otros.
Algunos, al acercarse al oficialismo nacional “modificaron la forma de acción colectiva”, indicó Pérez. Esto se debe a los beneficios que obtienen de las políticas de protección social.
En la ciudad de Corrientes, además, se visualiza la “formación de organizaciones barriales que son genuinamente locales”, señaló la experta en Ciencias Sociales. Este es el caso de la Red Vecinal Zona Norte, que interviene en su comunidad, brindando su opinión y participación en decisiones estatales que afecten a las barriadas. Este es el caso de la construcción de un eco parque en la zona del ex Hipódromo.

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