La manifestación ocurrió dos días después de que la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, convirtiera en ley una iniciativa que exigirá que la policía interrogue a las personas sobre su estatus migratorio y solicite alguna identificación si existe la presunción de que el sospechoso se encuentra en territorio norteamericano de manera ilegal.

Ante el temor a que la nueva norma desate una ola de discriminación racial en las fuerzas policiales, defensores de los derechos civiles advirtieron ayer que acudirán a los tribunales del estado para intentar anular la iniciativa y llamaron al presidente Barack Obama a combatir la controvertida norma.

En su discurso ante más de 3500 activistas reunidos fuera del Congreso local con carteles con las leyendas "Somos humanos y tenemos derechos", el legislador Raúl Grijalva dijo ayer que el gobierno de Obama podía ayudar a derrotar la ley negándose a cooperar.

"Estamos pidiendo que las agencias federales, particularmente la de Seguridad Interior, no cooperen con la instrumentación de la norma. Eso la llevará a su derrota. Esta es nuestra estrategia", dijo Grijalva.

Al argumentar que "indudablemente" la ley conducirá a choques raciales, el reverendo Al Sharpton dijo ayer que, de la misma forma en que los defensores de los derechos civiles combatieron la segregación racial en el Sur norteamericano, en los años sesenta, él organizará un grupo denominado "caminantes de la libertad", que desafiará la norma de Arizona.

"Viajaremos a Arizona cuando esta ley entre en vigor y caminaremos las calles con la gente que se niegue a dar su identificación y su arresto sea forzado", dijo Sharpton.

Una poderosa organización de base religiosa, la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal (Conlamic, por sus siglas en inglés), ya comenzó a preparar presentaciones judiciales para frenar la aplicación de la ley, en representación de sus 30.000 iglesias evangélicas en todo el país y sus 300 pastores hispanos en Arizona.

Además de permitir el interrogatorio de cualquier persona sospechosa, la ley también amplía las restricciones para contratar inmigrantes indocumentados como jornaleros y también su transporte para esos fines laborales. Los inmigrantes que no cuenten con la documentación que acredite su autorización a transitar por suelo norteamericano podrán ser arrestados, encarcelados hasta seis meses y multados por 2500 dólares.

El alcalde de Phoenix, Phil Gordon, advirtió, por su parte, que la nueva normativa pone a niños y ancianos que residen legalmente en el país en riesgo de ser arrestados, ya que las personas que no cuentan con la licencia de conducir estadual "pueden ser detenidas y entregadas" a las autoridades migratorias.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el demócrata Gordon dijo que la ley representa "una trampa para los derechos civiles", ya que ahora "todos en Arizona están obligados a demostrar que son residentes legales o ciudadanos" de Estados Unidos.

Defensa y cursos

Mientras los opositores a la ley conocida como SB1070 afirmaban que la gobernadora Brewer había abierto "la temporada de caza de latinos", los partidarios de la medida descartan esos temores al indicar que la ley prohíbe el uso de rasgos étnicos o la nacionalidad como única base para registrar el estatus migratorio de una persona.

Brewer ordenó a las autoridades estatales que se les ofreciera a sus funcionarios un curso de entrenamiento para que aprendan a discernir qué constituye una sospecha razonable de alguna persona que se encuentre de manera ilegal en los Estados Unidos.

Cientos de personas ya habían criticado la iniciativa el viernes pasado, temerosos de que lleve a abusos de los derechos civiles. Apenas firmó la ley, la gobernadora dijo que los críticos a la medida estaban "reaccionando de manera exagerada".

Arizona es un estado fronterizo con México y suele ser puerta de entrada para numerosos inmigrantes indocumentados. Se estima que unos 460.000 ilegales viven y trabajan en Arizona; en total, se cree que hay más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Una población que vive en la sombra y en silencio, como mano de obra barata. Buena parte de ellos son de origen mexicano.

Pero, más allá de los argumentos políticos de Brewer, su decisión esconde la fuerte disputa entre la oposición republicana y el gobierno demócrata de cara a las elecciones de medio término de noviembre próximo.