ATE entregó un petitorio en el que se reclama al Gobierno provincial un ingreso mínimo de bolsillo con una recomposición del salario para cada trabajador del Estado elevando el básico y los adicionales y que tenga en cuenta la pérdida del poder adquisitivo derivada de la escalada producida en los precios de los productos básicos de la canasta familiar.

Los otros requerimientos son la adhesión total a la Ley Nacional de Asignaciones Familiares; restitución de los derechos conculcados y "avasallados por la imposición de la legislación neoliberal vigente, en especial aquellos referidos a derechos salariales, de carrera administrativa, legislación de la que solicitamos su inmediata derogación".

También la urgente puesta en vigencia de la carrera sanitaria; devolución de las sumas retenidas a consecuencia de la aplicación de esa legislación; el pase a planta permanente de los jornalizados y contratados; la creación de un espacio institucional donde los trabajadores puedan plantear cuestiones relacionadas a su situación salarial, carrera administrativa y condiciones de trabajo.

"Este reclamo se efectúa en medio del deterioro constante de la capacidad adquisitiva del salario, consecuencia del imparable aumento producido en los costos de casi todos los componentes de la canasta alimentaria y que hace que nuestro sobre de sueldo termine siendo un verdadero certificado de pobreza", dice el documento, en el que se señalan que "cada una de las veces" que se reclamó "sólo encontramos silencio como respuesta".

Los gremios docentes combativos tuvieron algunos problemas para llegar a Casa de Gobierno en la tarde-noche de ayer, porque, según denunciaron, en la intersección con Rivadavia, la Policía les impidió seguir camino por 25 de Mayo hacia el edificio vidriado de la calle Belgrano. El grupo desvió hacia José María Uriburu para continuar.

La protesta se debió a un "incumplimiento del Acuerdo Paritario Docente Nacional" y para pedir el blanqueo del sueldo básico docente, que se pretende que llegue a los 942 pesos.

Según denunciaron, en marzo la provincia sólo pagó $ 195 por cargo de jornada simple y $ 390 por cargos de jornada completa, cuando lo acordado era de $ 250 y $500 respectivamente.