El Poder Judicial ya solicitó a los legisladores que se cumpla con la adhesión a la ley nacional que fue aprobada hace seis años en el Congreso.
Para fundamentar esta solicitud, la asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Laura Musa, dijo que “la Nación aprobó la Ley de Protección Integral hace 6 años y todavía hay provincias que no la han implementado. Una de esas provincias es Catamarca. Estamos discutiendo con los actores de la Justicia y del Gobierno los salientes y los entrantes, la necesidad imperiosa de que Catamarca cuente con la ley de Protección Integral para las personas menores de edad”.
La ley de Protección Integral está suspendida en la Provincia. Hace algunos años se dictó una ley de adhesión y después esa misma ley suspendió la nacional, mientras se creaba otro proyecto de adaptación. Estas acciones realizadas por los legisladores catamarqueños no se requerían en realidad para que pueda entrar en vigencia la ley 26.061.
“Catamarca, como algunas otras provincias, todavía mantiene a la infancia en una situación de otra categoría jurídica, regida por la vieja ley de Patronato, que fue creada por la dictadura militar hace más de 30 años. La ley de Patronato era vulneradora de derecho por eso se aprobó esta ley, que es la puesta en práctica sobre la Convención de los Derechos de los Niños” explicó Musa.
Desde el Poder Judicial de la Provincia de Catamarca se pidió a los legisladores locales plena implementación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esa ley garantiza la relación del Estado con los menores. Que además de acceder a sus derechos, a través de políticas de Estado, deben ser prioridad en los presupuestos.
Actualmente rige una ley realizada hace más de 30 años por la dictadura, que ningún gobierno democrático modificó.
La participación del Estado
La secretaria de la Procuración de la Provincia, Ana Peraca, resaltó la importancia de que finalmente estas jornadas se hayan realizado en Catamarca, pero fundamentalmente de que los distintos actores sociales hayan participado de la propuesta.
“El sistema de protección y de derechos involucra al Estado y el Estado tiene tres poderes, que es lo que se va a hablar. Es muy auspicioso que sea entendido así por todos los operadores, porque en estos cursos normalmente los que nos veíamos las caras éramos los operadores del sistema judicial, cuando no es solo en este ámbito donde se presentan los inconvenientes” señaló Perca.
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