La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que el juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, en forma "inmediata" comience a investigar a funcionarios de General Acha por haber habilitado el funcionamiento de dos locales nocturnos donde se habría ejercido la prostitución.
Los cabarets fueron reabiertos poco después. Por eso, la Fiscalía Federal de Santa Rosa pidió luego que sean indagados la ex intendenta de General Acha, María Elena García; el juez de Faltas, Sebastián Sancho; el ex secretario de Gobierno, Javier Basa; y el inspector Jorge Recuer. Les imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, acusó a los dueños y regentes del delito de violación a la Ley de Profilaxis.
Competencias
El juez federal Pedro Vicente Zabala manifestó que no le correspondía investigar a la ex intendenta de Acha. Dijo que no se había comprobado el delito de "trata de personas", como sostuvo la fiscalía. Así, como a su criterio no es un delito federal, pidió que el expediente pase a la Justicia provincial.
La Fiscalía Federal -primero con Marta Odasso y luego con la subrogante Adriana Zapico- dijo que no correspondía dejar el caso. Expresó que era prematuro declinar la competencia, hasta tanto se desechara totalmente la posibilidad del delito de trata.
Ahora, los camaristas le pidieron a Zabala que reasuma el caso. "Mientras no se descarte completamente la comisión del delito de trata de personas, la causa deberá seguir su trámite ante el fuero de excepción, el que será también el encargado -en su caso- de investigar los demás delitos conexos con aquél, que puedan haberse cometido", expresaron los jueces, en un fallo al que tuvo acceso este diario digital.
Qué encontraron
En Venus encontraron a varias mujeres, extranjeras, trabajando como "alternadoras" y de una "gran cantidad de clientes, todos ellos hombres" en el salón principal.
Además, otro dato importante: se detectó la existencia de una edificación de una planta con varias habitaciones con camas. "En dos de ellas se hallaban dos parejas encerradas (luego de vestirse se trasladaron al salón principal). Nótese que la licencia otorgada por la municipalidad local, habilitaba el comercio como cabaré", expresaron los camaristas.
También encontraron una "libreta sanitaria" y se puso "de manifiesto la situación de vulnerabilidad de las mujeres" entrevistadas, en el momento del allanamiento: la mayoría son madres pobres, cuyos hijos se encuentran en su país de origen, y a los cuales mantienen económicamente, al enviarles dinero.
En El Amancer, en tanto, se constató que trabajaban al menos cuatro mujeres dominicanas y otras tantas argentinas, oriundas de distintas provincias. "Pero en el interior del local se encontraron más libretas sanitarias ‘de femeninas que no se encontraban en el lugar'. Debajo de la barra fue hallada una caja de preservativos marca Coronet, la misma que la de los encontrados en el ‘Privado' y en la cartera de dos de las mujeres que trabajaban en el local".
El antecedente de la Corte
Los camaristas hicieron referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente también sobre La Pampa, del año 2011. "... Ante la existencia de algunos de los extremos inherentes al delito de trata de personas, la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no el ilícito", expresó en ese momento la Corte.
Estas discusiones en la Justicia se producen en momentos en que se están cerrando todos los locales nocturnos donde se ejerce la prostitución. Una de los últimos fue General Pico, hace unos días, luego de un soberano reto de la Procuración General de la Nación.
La delantera la tomó Santa Rosa, cuando la Subdirección de Género estaba a cargo de Mónica Molina.
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