En los próximos días el Ejecutivo enviará la iniciativa al Senado, por la que se promueve la conformación de jurados de ciudadanos, de doce integrantes, encargados de dictaminar si un imputado es culpable o inocente.

La convocatoria, que se hará mediante la confección de un padrón especial extraído del padrón general, excluirá a quienes tengan vínculo con el Poder Judicial o con los ámbitos de Seguridad y Justicia del Ejecutivo. También, claro, a quienes posean antecedentes penales.

Tratarán, al menos en una primera instancia, casos de corrupción, delitos graves, homicidios dolosos, los vinculados al crimen organizado y los presuman la participación de fuerzas policiales o políticas.

Todo esto obliga a la construcción de una instancia de protección y contención de aquellos que integren el jurado. Desde el gobierno dicen que esas medidas están aseguradas, pero sectores de la Justicia y la propia Legislatura muestran dudas al respecto.

Las experiencias de otros países, como Estados Unidos, donde en el comienzo del sistema hubo casos de asesinato de jueces legos, que juzgaban hechos mafiosos, genera mayores dudas.

No está dicho quiénes se encargarán de la seguridad del jurado, si cobrarán los días de tarea, qué pasará en los casos de personas con trabajo en negro, cuentapropistas o que hacen tareas temporarias.

Tampoco, al menos para algunos sectores de la Justicia, convence la situación social actual, donde existe una sobresaturación de los medios en temas de seguridad, lo que puede exacerbar criterios.

Desde el ámbito legislativo, en los bloques opositores no mostraron posicionamientos definidos, ya que esperan la iniciativa del gobierno, aunque anticipan las dudas antes mencionadas.

Desde el sector híper K, el vicegobernador, Gabriel Mariotto, ya indicó que la propuesta podría ser debatida en foros ciudadanos, tal como se está realizando con el proyecto de Policía Judicial.