Según informó la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez, la comisión que debe optar entre los oferentes en medio de impugnaciones cruzadas consiguió del ministro Francisco Pérez 10 días más para adjudicar la explotación a un privado.

Este grupo analiza desde finales de agosto las 9 ofertas de las empresas que se presentaron a la licitación del grupo que está en manos del Gobierno desde la gestión de Julio Cobos y tenía hasta este jueves para elevar al Gobernador su dictamen, pero en lugar de eso pidió 10 días hábiles más a partir del viernes sin especificar las causas.

“El comité pidió una prórroga para analizar las ofertas, no tengo detalles de por qué”, dijo a diariouno.com.ar Martínez.

El jueves 14 de octubre es el día en el que este comité deberá anunciarle al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y al Gobernador Celso Jaque cuál es la nueva empresa privada que se hará cargo de los colectivos del Grupo 2 y que aliviará a la Provincia de la carga de tener que lidiar con los reclamos salariales de los choferes y las quejas constantes de los usuarios.

El 12 de agosto se presentaron las empresas ofertantes y a partir de entonces comenzaron a correr los 30 días hábiles que se cumplen este jueves y que al parecer no han sido suficientes para que el comité decida.

El mes pasado hubo impugnaciones cruzadas entre las empresas que se presentaron a la licitación del Grupo 2, pero con respecto a eso el Gobierno se ha mantenido en silencio.

Dominio Gallard –firma cuyo principal accionista es Sergio Pensalfine, dueño de El Cacique– impugnó a todos los demás competidores por distintas causas.

Otra de las compañías, la mendocina Maipú- Stocco, también impugnó a dos pesos pesados foráneos que se presentaron en la licitación: Autotransportes Santa Fe, propiedad de Alejandro Rossi –hermano del ultrakirchnerista Agustín Rossi y jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación–, y Mayo SATA, del Grupo Plaza, propiedad de Claudio Cirigliano, considerado el zar del transporte público en Buenos Aires, mimado con los subsidios que reparte el ministerio de Infraestructura de Julio De Vido.

A su vez, esa misma empresa ha impugnado a Maipú-Stocco, la única mendocina que pudo competir en la licitación.