En el año que está por llegar se cumplirá una década desde que el kirchnerismo asumió en la presidencia del país. Muchos de los problemas que afectan a la Argentina no sólo continúan, sino que se acentuaron y, lo que es peor, con la actitud que está tomando elGobierno de Cristina Fernández y las políticas que está llevando a cabo, hay pocas chances de que las cosas mejoren.

Sin embargo, en un país con las riquezas que tiene la Argentina y su potencial humano, las soluciones de muchos de esos problemas son posibles. Sólo hace falta un cambio de rumbo en muchas de las cuestiones que no permiten el crecimiento del país y el bienestar pleno de todos sus habitantes.

Luego de 10 años en los que hubo crecimiento económico, impulsado por el contexto internacional, en el que crece la demanda de los commodities (principalmente de la soja, el cultivo en el que Argentina basó su economía), esos beneficios no se ven reflejados en la situación actual del país. La inflación, que en 2012 estuvo cerca del 30% y se espera que pase esa barrera en 2013, provoca más pobreza e indigencia porque cada vez son más los argentinos que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Aunque el Gobierno se empecine en que se puede comer con $ 6 al día.

Además, casi el 75% de los jubilados cobran los haberes mínimos, que no llegan a los $ 2.000 mensuales, mientras desde la Anses se utiliza el dinero del sistema previsional para otros fines y la administración nacional se niega a otorgar el 82% móvil que les corresponde a los jubilados.

Por otro lado, en Capital Federal y provincia de Buenos Aires hay una muerte cada 48 horas por la inseguridad y Argentina está al tope del ranking de robos en todos los países de América, mientras la cantidad de delitos continúa en aumento frente a la creciente desprotección de los argentinos.

A esto se suma que el sistema energético está en crisis, a pesar de que en el país sobran los recursos para autoabastecerse de energía. Las malas políticas llevaron a tener que importar gas y que escaseen el combustible y la electricidad, entre otros motivos, por el vaciamiento que hicieron las empresas extranjeras, avalado también por este gobierno.

La industria nacional es casi inexistente y no se favorece a la producción por falta de políticas públicas que incentiven a los productores otorgando créditos blandos. Algo similar ocurre con el acceso a la vivienda, que es cada vez más inalcanzable porque los créditos hipotecarios son inexistentes, mientras los bancos privados tienen ganancias asombrosas y amplios beneficios. La lista de problemas sería interminable, pero lo importante es la búsqueda de las soluciones.

Claves para detener una inflación que no cede

Un país sin una inflación galopante es posible, en el que los precios no aumenten más que los salarios y el poder adquisitivo de los argentinos sea cada vez menor. Sin embargo, la escalada inflacionaria en este 2012 no tuvo techo en Argentina y muchos especialistas vaticinaron que para el año entrante el panorama podría ser mucho peor, con índices que incluso superen la barrera del 30%, con un consumo que se mantendrá estancado y con una recesión que afecta sensiblemente al país.

“En el caso de la inflación, lo que tenemos es un déficit fiscal que genera la necesidad de emisión monetaria, casi descontrolada, y eso irremediablemente se vuelca a los precios. Esa es una de las variables sobre las cuales hay que poner el pie encima y por eso hay que trabajar sobre la restricción al gasto, no sobre los ingresos”, dijo a Hoy el economista Juan Dumas.

Otro de los consultados, el diputado nacional Claudio Lozano (FAP), explicó que “lo que se necesita es un reordenamiento general del sistema de precios. El sistema de precios está totalmente desquiciado y no puede generar en este contexto señales adecuadas para orientar el desarrollo. Por lo tanto, no se trata solamente de discutir el nivel del tipo de cambio, sino el conjunto de los precios de la economía. Esto habría que hacerlo en el marco de un acuerdo social que debería incorporar la evolución de los ingresos de la población -salarios, planes sociales, jubilaciones y demás- por encima de la evolución de los precios, de manera tal que la población recomponga su poder adquisitivo y vayamos modificando la recomposición de la demanda para que, en lugar de ser una demanda centrada en el consumo de los ricos, sea una demanda centrada en el consumo popular”.

La necesidad de que entre en vigencia el 82% móvil

Cumpliendo los fallos de la Corte Suprema el Gobierno nacional permitiría un mejoramiento sustancial en la vida de los abuelos y abuelas argentinas. El máximo tribunal exigió al Estado nacional que les otorgue el 82% móvil a los jubilados argentinos y que actualice como es debido sus haberes jubilatorios.

Ese camino es diametralmente opuesto al que se ha transitado desde 2003 a la fecha. El kirchnerismo ha ocultado bajo la alfombra las miserables jubilaciones que cobran la mayoría de los argentinos, entre los que casi el 75% cobra la mínima, que es de apenas $ 1.924 mensuales.

Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta de los jubilados cuesta $ 3.973, cifra que duplica el haber mínimo que cobran la mayor parte de los jubilados argentinos. Un año atrás, esa canasta costaba $ 3.059. Así, en los últimos doce meses aumentó casi un 30%. “Los valores de nuestra nueva medición, que comenzó en mayo de 2010, reconocen su fortaleza y legitimidad en la insatisfacción de cuantiosas necesidades sociales relevadas entre la población mayor”, aseguró Eugenio Semino, el defensor de la Tercera Edad.

“Los problemas se solucionarán dándoles el 82% móvil a todos los jubilados”, indicó a Hoy Miguel Pouzo, presidente de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional bonaerense (Adesip). “Otra cosa que el Gobierno ha hecho mal es no preservar el sistema incorporando gente a la que quizás habría que darle un subsidio para resolverle el problema económico, pero del Tesoro nacional y no del fondo de los jubilados, porque el sistema no está previsto para que cobre el que no ha aportado”, agregó.

Un camino para salvar al sistema energético

Argentina no debería tener problemas de falta de energía, pero sin embargo los tiene. Sin ir más lejos, este año cerró con un envío total de 65 cargamentos de gas natural licuado al país para cubrir el déficit energético, algo que le costó al Estado unos US$ 2.500 millones. Para colmo de males, la decisión de estatizar sólo una parte de YPF generó más dudas que certezas y los primeros cimbronazos se sintieron cuando la española Repsol decidió, como una forma de represalia por la expropiación de la petrolera, rescindir el contrato de suministro de gas natural licuado (GNL). Pero lo peor es que el kirchnerimo no sólo avaló la privatización de la petrolera en los noventa, sino que ahora la estatiza tras dos décadas en las que fue vaciada y no hubo inversión en exploración.

Frente a este panorama, el exdiputado y especialista en la materia, Mario Cafiero, aseguró que “los Kirchner sabían poco de soja, de ferrocarriles, pero sí sabían de petróleo. Llevaron adelante una política criminal, porque dejaron saquear las reservas del país y ahora tenemos que importar energía. Eso es gravísimo por los costos que acarrea”.

Y añadió: “La solución de estatizar una parte de YPF no es una solución, porque sabemos que a lo único que ha llevado es a cambiar a la Repsol española por la Chevron estadounidense. Seguimos con la dependencia, por eso hay que pensar una estrategia basada en capitales propios y no extranjeros”. De hecho, la semana pasada la petrolera argentina estatizada firmó un acuerdo con la empresa estadounidense para poder para explotar el campo de recursos no convencionales Vaca Muerta, en Neuquén.

La industria y la producción, dos cuestiones a atender

La reactivación de la industria argentina y, sobre todo, de la estructura productiva nacional, son una cuenta pendiente del Gobierno K. Sobre todo porque la producción sigue teniendo un profundo déficit (tanto a nivel económico como social), principalmente por la falta de créditos blandos que estimulen la actividad.

“Argentina, después de prácticamente diez años de crecimiento económico, sigue siendo el mismo país que necesita vender soja o vender minerales para obtener dólares que le permita financiar un balance industrial desequilibrado en divisas de más de 20 mil millones de dólares, una industria que en realidad no garantiza ni incorporación de progreso técnico ni demanda de empleo calificado”, dijo a Hoy el diputado nacional del Fap, Caludio Lozano. El legislador y economista añadió que “esa estructura productiva no sirve para resolver los problemas que tiene la sociedad argentina. No da como resultado una sociedad homogénea, sino todo lo contrario, lo que tenemos: un país altamente concentrado, extranjerizado y con fuertes niveles de desigualdad. Modificar ese esquema implica un Estado que oriente el proceso de inversión, en el marco de una estrategia de recomposición del poder adquisitivo, en el marco del acuerdo social que necesitaríamos para reordenar la situación”.

En la misma sintonía, Mario Cafiero dejó en claro que “seguimos siendo un país que exporta sólo materias primas y no tiene una gran transformación de estas materias primas”. Y resaltó: “Si no cambiamos el perfil productivo no podemos generar salarios de alto valor agregado. Entonces, para atacar a fondo el problema de los salarios, tenemos que cambiar ese perfil”.

Inversión para mejorar las condiciones del transporte

En febrero se cumplirá un año de la tragedia ferroviaria de Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. Pero no es el único hecho que demuestra el estado calamitoso del sistema ferroviario. Sin ir más lejos, ayer se incendió un vagón de la línea Mitre y hubo que evacuar a los pasajeros.

Pero el drama del transporte no termina en los trenes. Las condiciones en las que se viaja en los colectivos es calamitosa y el estado de las rutas y autopistas son causantes de miles de muertes anuales debido a la falta de mantenimiento o de obras inconclusas.

Tras una década de crecimiento económico, difícilmente se pueda decir que no hubo dinero para invertir en mejores condiciones para el transporte. No casualmente, el kirchnerismo tiene dos exsecretarios de Transporte procesados por la Justicia por casos de corrupción (Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi).

En el caso del sistema ferroviario queda claro que la solución pasa por la efectiva asignación de recursos para el mantenimiento y renovación de las redes ferroviarias, que permitan además recuperar el transporte de cargas para no sobrecargar las rutas, sabiendo que además resulta más económico.

Para las rutas y caminos, desde la Comisión Nacional de Usuarios Viales proponen “que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que suma la cifra de más de $ 18.000 millones anuales, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin aduanas interiores, sin barreras y sin pago de peajes”.

Las alternativas para un mercado cambiario desfavorable

El Gobierno nacional deberá resolver en un futuro cercano la política para el mercado cambiario y el cepo al dólar. En este sentido, no son pocos los que opinan que desde la Casa Rosada deberían sincerar la situación para empezar a trabajar en la manera de revalorizar la divisa nacional.

“El tipo de cambio va a ir siendo cada vez menos competitivo desde el momento en el que tenemos esta inflación. Un tipo de cambio que hoy, en términos oficiales, esté por debajo de los cinco pesos, es un tipo de cambio que no es sostenible y sólo es sostenible por un rato con medidas de resistencia, como las restricciones a la importación y las prohibiciones a la hora de comprar divisas”, señaló a este diario el economista Juan Dumas..

El tipo de cambio “se tiene que sincerar y gradualmente tiene que llegar a un nivel que no sea artificial, sino que se ajuste al poder de compra de nuestro dinero”, agregó.

En tanto, el legislador nacional Claudio Lozano,al respecto consideró que “necesitamos centralizar las operaciones en divisas en el Banco Central, de manera tal de que el Estado tenga control sobre el manejo de la divisa y, en segundo lugar, que el Estado pueda tomar parte importante de las rentas extraordinarias asociadas a los recursos naturales para financiar la orientación productiva que la Argentina precisa”.

Un país con mayor seguridad

En los casi diez años de Gobierno kirchnerista, tanto Néstor como Cristina Kirchner afirmaron que la inseguridad era sólo “una sensación”, pero las estadísticas son contundentes y muestran todo lo contrario.

Argentina es el país que tiene la tasa de robos más alta de América, según un informe del Observatorio Hemisférico de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En ese trabajo se revela además que el índice argentino duplica la tasa promedio evaluada en 28 países americanos.

De esta forma, el promedio de robos en 2012 fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando la tasa en el continente es de 456 cada 100.000 habitantes. En Brasil, por ejemplo, es de 415 cada 100.000 personas.

Además, durante 2012 se registró en Capital Federal y Provincia un promedio de un crimen cada 48 horas, según informaciones extraídas de publicaciones periodísticas, ya que el Ministerio de Seguridad de la Nación no difunde estadísticas desde 2009.

En este contexto, queda claro que hacen falta políticas que permitan pensar un país con mayor seguridad para sus ciudadanos. El licenciado en Seguridad Luis Vicat explicó a Hoy por dónde entiende que deberían encaminarse las iniciativas: “Lo que se tendría que variar es el eje sobre el soporte logístico. Esto significa que hoy por hoy la seguridad está plateada en términos relativos: porque se limita a ir a detrás de los delitos o a sobresaturar algunas zonas de riesgo en algunos casos”.

“Pero el abordaje correcto es de políticas proactivas y no reactivas. Trabajar sobre los nodos proto y pre delictuales, lo que se puede hacer a través de tareas de inteligencia por ejemplo, y no después de producido el delito”, afirmó Vicat.

Según el especialista “con encarar tareas en este sentido, en el mediano plazo se podría vislumbrar una baja o por lo menos el sostenimiento de las actuales estadísticas sobre inseguridad, y no el aumento constante”.

Políticas efectivas de acceso a la vivienda

no de los problemas que afecta a miles de familias en el país es sin dudas la falta de acceso a una vivienda digna. Esta situación no involucra solamente a los sectores más humildes, sino también a las clases medias.

En Argentina se da la paradoja de que los grandes beneficiados del modelo kirchnerista, las entidades bancarias, otorgan créditos hipotecarios inaccesibles para la mayoría de la población a pesar de que facturan millones de pesos anuales. Es el Estado el que tiene que promover la existencia de créditos a tasas bajas que permitan a las familias cumplir el sueño de tener una vivienda propia.

Por otro lado, Agustín Algorta, integrante de la ONG Un techo para mi país, explicó a Hoy qué tipo de políticas entiende que se deberían implementar: “Por nuestra experiencia de estar trabajando con vecinos de más de 60 asentamientos y villas del país, creemos que el principal desafío pasa por crear mecanismos para que las familias más vulnerables puedan acceder al suelo de una manera formal. Esto sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones que van surgiendo o mismo las familias que se les complica mucho pagar un alquiler y no tienen otra manera que acceder al suelo de una manera informal”.

“Ahora bien, teniendo en cuenta los asentamientos y villas que ya existen, por lo que hablo con los propios vecinos, vemos clave la urbanización de los barrios, formalizando el suelo y creando la infraestructura necesaria. Esto en los casos donde es posible radicar a las familias, porque en los casos que no es posible (principalmente por cuestiones ambientales) se deberá ver dónde es mejor relocalizar”, agregó.