Las acciones a cumplirse dentro de la emergencia propuesta “estarán orientadas al manejo sustentable y ambientalmente sano de los residuos sólidos urbanos, que garanticen la protección de la salud de la población y del ambiente”, precisó el legislador quien preside la Comisión de Ecología de la Legislatura.

La declaración de emergencia faculta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias de asesoramiento, apoyo y colaboración con las autoridades municipales para el desarrollo de un plan provincial de tratamiento de residuos que contemple sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos que reúnan las necesarias condiciones de calidad y eficacia.

Además, el Ejecutivo deberá realizar lo necesario para la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y disposición final en la localidad de Chanchilllos y diseñar y construir otros centros de disposición final de residuos accesibles en todas las regiones de la provincia, así como llevar a cabo la erradicación de los basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales.

También el proyecto prevé la realización de controles a efectos de establecer en qué condiciones se presta el servicio en las distintas municipalidades y comisiones municipales, efectuando un diagnóstico de la situación actual del servicio en los distintos lugares de la provincia. Establece la realización de relevamiento para determinar si se hace clasificación de los mismos o si tienen algún otro tipo de tratamiento y el modo en que se lleva a cabo la disposición final de los residuos.

La emergencia incluye la formación de consorcios entre municipalidades para que se asocien en la prestación de ese servicio y optimicen los recursos con que cuentan y la colaboración con las autoridades municipales para hacer más eficiente los procedimientos de recaudación de la tasa que corresponde por el servicio.

Destacó Baca, que el proyecto habilita la posibilidad de modificar partidas presupuestarias y reasignarlas a fin de efectuar contrataciones para la adquisición de herramientas, equipo, realizar estudios, planificar programas y toda otra medida que resulte necesaria para abordar la problemática planteada.

Fuerte objeción a plan de desendeudamiento

El diputado provincial Jorge Rizzotti consideró que la implementación vía decreto del programa de desendeudamiento de municipios, existiendo un proyecto de ley previo, refleja la intención de “no brindar información” en materia de finanzas y de “mantener el actual manejo discrecional de recursos públicos”.

Para el Vicepresidente 2do. de la Legislatura, el desendeudamiento “le da la razón a la UCR cuando planteaba que, además del Programa de Desendeudamiento implementado por Nación para las provincias, era necesario rever y rediseñar las deudas de los municipios”.

Recordó que “cuando llegó desde Nación el Programa de Desendeudamiento de las Provincias, a través del Decreto 660 de Presidencia, nosotros compartimos que debíamos adherir y también dijimos que era entonces momento de dar ciertos pasos previos, como esto de revisar y reprogramar la deuda de los municipios, la coparticipación, etc. Pero se aprobó y sancionó todo sin que pasara siquiera por la Comisión de Finanzas de la Legislatura y fuera de la ley, ya que se aprobó por mayoría simple”. “Ahora -prosiguió- en vez de hacer una ley consensuada y habiendo incluso un proyecto previo ya ingresado, el oficialismo permitirá que el programa anunciado se implemente por decreto, lo que nos habla de que no se quiere dar información sobre las deudas y los conceptos de las deudas, tampoco de cuál será el porcentaje en relación a la quita que realiza Nación a la deuda provincial”.