En tal sentido, plantearon la posibilidad de llevar a cabo una “auditoría social”, como sucede en otras ciudades importantes del mundo. “El retraso en las respuestas de los organismos de control de ambos servicios impone fortalecer la intervención de los vecinos”, entendieron.

Al mismo tiempo, aseveraron que “el estado municipal no puede solo ‘acompañar’ el reclamo de los vecinos. Tal fórmula se encuentra más próxima a la claudicación política, roza la falta de imaginación y termina conspirando contra el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”.

Por ello, consideraron que el Concejo Deliberante debe promover una auditoría social permanente de los servicios de electricidad y de agua. “En la emergencia, sus responsables deben comparecer a un plenario semanal que podrá convocarse diariamente, donde deberán informar el total de reclamos, la causa de los mismos, y la respuesta implementada”, indicaron.

Y agregaron que se implementará un mecanismo de recepción y evaluación por medio de las sociedades de fomento y diferentes ONG’s.