A través de un proyecto de ley, la legisladora relacionó la erradicación de establecimientos que facilitan la explotación sexual y el proxenetismo dentro de una campaña de lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.

La iniciativa contempla arrestos de hasta 60 días para quienes incumplan la prohibición sugerida en todo el territorio provincial. La misma sanción será aplicada a quien regentee, sostenga, promocione, dé publicidad o administre los locales.