Salvo “por razones humanitarias debidamente acreditadas” la restricción legal se extenderá a aeropuertos públicos o privados, aeródromos, pistas de aterrizaje y similares”, prevé el articulado de la iniciativa.

Odarda explica en los argumentos que la decisión de los países que integran el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) de impedir el atraco de barcos con bandera kelper o inglesa procedentes de las Islas Malvinas en sus puertos, ha sido recibida con beneplácito en la Argentina.

Este apoyo conjunto, entiende la legisladora del ARI, “muestra la posibilidad de sumar fuerzas en Latinoamérica para pedir que se reanuden las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido en el marco de los tratados y convenciones firmados por los dos países, en relación al reclamo por la soberanía argentina sobre las islas”.

Como contrapartida a esa actitud de los países latinoamericanos, “durante las últimas semanas el gobernador inglés de las Islas Malvinas impidió el desembarco de un navío que transportaba turistas, varios de ellos de origen argentino y otros latinoamericanos, que tenía como uno de sus destinos las islas, aduciendo razones supuestamente sanitarias”, señala la autora del proyecto.

Odarda agrega una extensa lista de los acuerdos incumplidos o vulnerados por parte de Gran Bretaña, así como las actividades que realiza en la plataforma continental de jurisdicción argentina, en materia de extracción de petróleo, recursos pesqueros y ampliación de la zona económica exclusiva, a lo que se suman sus pretensiones sobre el sector antártico, y “un plan agresivo de 'europeización' de sus bases militares” en Malvinas.

“Estas acciones unilaterales, a pesar de los pactos y acuerdos firmados, evidencian la falta de predisposición del gobierno de Gran Bretaña para resolver la situación de conflicto sobre la soberanía de las islas”, agrega Odarda entre otros fundamentos.