La iniciativa de la legisladora de la Alianza, que cuenta con el acompañamiento de Carim Peche, establece que las entidades acreedoras deberán remitir, a las dependencias de liquidación de haberes, la constancia que acredite la retención realizada, la que tendrá carácter de suficiente documento para demostrar el pago por parte del empleado público.

El proyecto establece como órgano de aplicación a la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

La iniciativa de Avila en su artículo primero expresa “Establézcase que las Entidades Mutualistas, Cooperativas, Sindicatos de agentes estatales, Asociaciones que nuclean a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado y sus organismos descentralizados; Nuevo Banco del Chaco S.A. y/o Cajas Municipales, de conformidad con el Decreto Provincial Nº 2042/00 y 1295/98, destinadas a la financiación de servicios autorizados por el Poder Ejecutivo Provincial, con motivo de las deducciones pactadas voluntariamente por los agentes de la Administración Pública, DEBERÁN INFORMAR a las dependencias de liquidación de haberes lo siguiente: a) Tipo de obligación de la que deriva el descuento y monto del mismo y b) Tratándose de obligaciones en cuotas, número de las mismas a la que se imputa dicho descuento”.

“Estos datos deberán ser reflejados en los recibos de haberes expedidos por las respectivas áreas de liquidación de los mismos o en su defecto en el comprobante adjunto que emitirá la oficina correspondiente. La constancia referida tendrá para el agente público el carácter de suficiente documento para acreditar tanto los pagos parciales como totales de las obligaciones contraídas”.

En su artículo segundo el proyecto de Avila indica “Establézcase idénticas obligaciones a las expresadas en el artículo precedente, para las deducciones voluntarias que aplica la oficina de liquidación de haberes del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) para el personal pasivo”.

Fundamentos

En los fundamentos la legisladora manifiesta que “el modelo vigente del sistema de códigos de descuentos resulta insuficiente como mecanismo de deducciones masivas forzando la creación de nuevas formas de control y supervisión interna que permitan, al empleado público -deudor-, llevar un control efectivo y eficaz de los montos y conceptos por los cuales se descuentan de sus haberes las obligaciones voluntariamente contraídas”.

Avila agrega que “esta iniciativa también pretende que los empleados públicos, ante las cesiones de créditos que hagan sus acreedores, puedan contar con documentos válidos para demostrar el pago oportunamente realizado y hacer valer sus derechos ante posibles reclamos judiciales por parte del eventual cesionario”.

Finalmente la diputada Clelia Avila destaca que “contar con una norma que otorgue seguridad jurídica en defensa de la propiedad privada significaría llevar tranquilidad a numerosos hogares de una provincia en la que seguramente existe algún miembro de la familia que depende del Estado provincial y que voluntariamente accedió a los códigos de descuentos”.