Esta iniciativa reserva a la Legislatura las decisiones que afecten el monto total del presupuesto o del endeudamiento, mientras que el Poder Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de Presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital y distribución de las finalidades.

El monto total anual de dichas modificaciones no podrá superar el 5 por ciento del total del presupuesto aprobado para el ejercicio en el cual se realizan las reformas.

Al respecto, la legisladora afirmó que “queremos que la reestructuración del Presupuesto deje de ser una simple decisión administrativa del gobierno de turno y que se comience a respetar la representación ciudadana del Poder Legislativo para definir las prioridades en la ejecución del gasto provincial”.

“El proyecto se plantea de esta manera dado que, por un lado, la delegación de facultades puede contribuir a hacer más expeditivos los cambios al presupuesto, incluso contribuir a la eficiencia, la equidad y la solvencia fiscal. Aunque, al mismo tiempo, la delegación de facultades puede contribuir a exacerbar un uso electoralista de los recursos, a prolongar indefinidamente las negociaciones presupuestarias, disminuyendo la transparencia y previsibilidad del Presupuesto”.

Asimismo, Baro expresó que “adicionalmente, debilita las instancias deliberativas legítimas que participan en el proceso presupuestario, lo cual puede contribuir a la inestabilidad política. Además, los superpoderes van frontalmente en contra de lo establecido en la Constitución Nacional”.

“Esta iniciativa propone una alternativa que contribuye a fortalecer la institucionalidad del presupuesto”, indicó Baro, quien al mismo tiempo aclaró que “alejar al Presupuesto de la Legislatura en su totalidad y otorgar discrecionalidad al Ejecutivo debilitaría los procesos deliberativos, tan necesarios en una democracia”.