Una de las primeras medidas que tomó el intendente Ramón Mestre no bien asumió la conducción del Palacio 6 de Julio, fue derogar la ordenanza que ponía un tope al gasto del municipio en material salarial. Casualmente, se trata de la norma que impulsó él mismo cuando era concejal de la ciudad en 2007, y por la cual denunció en reiteradas oportunidades a su antecesor, Daniel Giacomino, por violarla. Sin embargo, unos años después, el radical decidió dejar esa normativa sin efecto por considerarla de imposible cumplimiento.

La decisión llegó en el marco de la premisa con la que asumió hace casi un año el radical de sincerar y transparentar los números de la Municipalidad. Ocurre que para una parte de la oposición, gobernar sin ese tope salarial deja abierta la puerta para que lo recaudado producto de la suba de impuestos también pueda ser destinada a pagar salarios en lugar de volver como obras, por ejemplo. Concretamente, el bloque Eva Duarte que conduce Olga Riutort impulsó nuevamente un proyecto de ordenanza para limitar el gasto que el municipio destina a salarios, el procedimiento sería de manera gradual.

Riutort consideró que “no se puede hablar de aumento de tarifa sin establecer un límite al gasto salarial, que hoy se lleva el 70% del presupuesto”. Según indicó, el propósito de la iniciativa es destinar un porcentaje mayor de ingresos a la prestación de los servicios básicos y a la realización de obras necesarias. Por ello, el proyecto presentado fija para el año 2013 que la carga salarial sea del 60 por ciento, disminuyendo gradualmente al 55 por ciento para el año 2014, y ubicando en el 50 por ciento para 2015.

“Este año los contribuyentes han soportado la carga de aumentos de todas las contribuciones, y creación de nuevas, además del aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros. El esfuerzo de los vecinos no se vio reflejado en mejoras de los servicios y obras prestados por la Municipalidad. Es por ello que se hace necesario fijar en el presupuesto, y posteriormente en su ejecución, limites a la carga salarial”, sostuvo Riutort. Además, explicó que si se suma a dicho porcentaje el gasto que originará el pago de los servicios de recolección y disposición de residuos, el pago de deuda y subsidios al transporte “surge que el porcentaje de ingresos para destinar a los servicios básicos requeridos por los vecinos y obras necesarias para la mejoras de la calidad de vida, se ve disminuida a la mínima expresión”.