Al comienzo del año en que se renovarán los cinco miembros de la Auditoría, el senador renovador Raúl García presentó un proyecto de reforma de la ley 7103 que creó en 2000 la Auditoría General de la Provincia.

La iniciativa apunta a modificar el artículo 36 de la ley vigente que establece que "por lo menos dos de los auditores generales deberá reflejar la propuesta de Diputados de la oposición política", con lo que legitima que un mayoría de tres auditores refleje al oficialismo.

En su proyecto, García propuso lo contrario: que por lo menos tres de los Auditores deberán reflejar la propuesta en Diputados de la oposición política y además establece que el propio presidente del cuerpo deberá ser representante de ese sector, algo que .la actual ley deja sin definición.

La iniciativa se conoció poco antes del término del período de Miguel Angel Torino, quien actualmente ejerce la presidencia y concluye su mandato el próximo 27 de mayo, aunque es improbable que hasta entonces el proyecto haya llegado a discutirse en la Legislatura.

Primera renovación

Con Torino comenzará la primera renovación de la Auditoría en la gestión de Juan Manuel Urtubey.

El organismo está también compuesto por Sergio Moreno y Ramón Muratore, que reflejaron en su momento la propuesta opositora en Diputados, y Daniel Nallar y Luis Costa Lamberto, ligados al oficialismo romerista. Los cuatro concluirán su mandato en diciembre de este año.

La elección de los nuevos auditores no es neutro para el gobierno de Urtubey: serán quienes evalúen, entre otras gestiones, el manejo de los fondos sociales por parte de los intendentes, con los que los informes de Auditoría del actual cuerpo han sido generalmente críticos.

García propuso también un mecanismo más complejo para la designación de los auditores, similar al que estableció el propio gobierno de Urtubey en 2008 para la selección de los miembros de los integrantes de la Corte de Justicia.

Si la iniciativa prospera, la Comisión de Diputados encargada de la selección deberá tener en cuenta las diversidad de género, especialidad y procedencia regional y publicar el nombres y los antecedentes curriculares de las personas que se encuentren en consideración.

Luego, los ciudadanos y asociaciones tendrán quince días hábiles para formular observaciones sobre los candidatos.

Relaciones comerciales

Los candidatos, además, deberán presentar declaración de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que hayan integrado en los últimos diez años y "cualquier tipo de compromiso que pueda afectar su imparcialidad".

García también pretende, con el proyecto, acotar los plazos de los trabajos y ejercer un control sobre el organismo.

Establece que todo expediente deberá ser resuelto en el plazo de un año desde la fecha de inicio de las actuaciones, un plazo que sólo puede ser extendido por tres meses por los auditores. Y determina que anualmente el organismo deberá remitir a las Cámaras Legislativas un informe detallado de los expedientes iniciado.