“Es necesario pensar que, si por un lado se habla de que la Provincia está financieramente complicada, razón por la cual el Ejecutivo solicitó la ayuda económica, deberá acompañar esta decisión cuidando también los intereses en la cuentas que vamos a asumir”, expresó el legislador en diálogo con El Ancasti.

En los fundamentos del proyecto, Boggio advierte que el Gobierno deberá concurrir al mercado financiero utilizando los mecanismos dispuestos por las leyes vigentes.

En ese marco, el legislador entiende que, si bien el Ministerio de Hacienda está facultado para realizar contrataciones directas luego de haber fracasado la licitación pública para la toma del crédito, de igual forma deberá regirse para las operaciones financieras crediticias por la normativa implementada para combatir el flagelo de la usura.

En tanto, el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, ya había adelanto a este medio que de no presentarse oferentes, el llamado a licitación pública podría declararse desierto, tal como ocurrió.

Ante esta situación, la Provincia quedó habilitada por la vía de “libre elección por negociación directa”, lo que abre un proceso de diálogo con entidades financieras a los fines de la contratación de los $300 millones.

El crédito tendrá por objeto la ejecución de proyectos de inversión (salud, vial, seguridad y servicios públicos) con los fondos aprobados en el Presupuesto 2012.

EL DECRETO

Entre las especificaciones del decreto que regula el funcionamiento de las casas de crédito en la provincia, el cual entró en vigencia el pasado 22 de julio, se advierte que será considerada excesiva, abusiva y desproporcionada cualquier tasa que exceda en más del 7% la tasa que informa mensualmente el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamos personales.

Ese 7% es considerado como CFT (Costo Financiero Total) o tasa efectiva anual, incluyendo el interés (compensatorios, resarcitorios o punitorios), gastos administrativos, cargos impuestos y otras erogaciones por cualquier otro concepto.