En los fundamentos de su propuesta, el parlamentario opositor afirmó que la misma "no solo se pretende poner límites, y eventualmente sancionar las mañosas conductas electorales, sino también asignar las tareas funcionales del órgano electoral de la provincia. Se trata de acercarlo hacia una conformación de naturaleza judicial, con procedimientos y facultades idóneos para el fiel cumplimiento de su cometido", acotó.

El referente del macrismo apunta con su proyecto, directamente, a combatir el clientelismo electoral, dado que en uno de los artículos prevé "suspender toda entrega de ayuda social durante el plazo habilitado para las campañas políticas y el día fijado para los comicios". Al respecto, agrega que "sólo quedarán exceptuadas de esa limitación, los subsidios que se paguen por el sistema bancario" y que la prohibición alcanzaría a la Provincia, municipios y comunas rurales.

La propuesta de Colombres Garmendia también establece que a los partidos políticos, frentes o alianzas, y a sus candidatos, les estará prohibido "entregar o prometer entregar a los electores cualquier bien o mercadería que permita presumir que mediante ello se pretende sobornarlos para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral".

La intención final de su proyecto, según explicó el referente del PRO en la Legislatura tucumana, es que la JEP tenga potestades para sancionar e incluso "no proclamar a los candidatos o partidos que incurran en esas prácticas".

"Hay un negocio electoral que hace pie en la pobreza, y que no encuentra reparo alguno en la actual legislación. Eso es lo que pretendemos enmendar con este proyectos", concluyó Colombres Garmendia.