Proponen ley que garantice la participación ciudadana local

La diputada provincial María Maglietti, concretó la presentación de un extenso proyecto de ley cuyos objetivos fundamentales son la de promover la participación de los ciudadanos y las distintas organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas; fortalecer la capacidad de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil de hacer aportes a las políticas públicas; fomentar una cultura pública de participación; inducir a los directivos y agentes públicos a que permanentemente involucren a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas públicas; fomentar el conjunto de relaciones entre el Estado y la sociedad civil y en definitiva fomentar una cultura de solución conjunta de los problemas públicos.
Conforme la iniciativa María Maglietti expresó que la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil debe entenderse como el conjunto de actos, objetivos y argumentaciones que conforman una intención manifiesta de involucrarse y formar parte en algunas o todas las etapas en el proceso de las políticas públicas.

Este proyecto de ley expresó, tiene que ver con la participación social en el diseño, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Esta participación por parte de las distintas manifestaciones individuales y colectivas de la sociedad civil, debe ser institucionalizada en el ordenamiento para que este derecho ciudadano, social y político pueda ser ejercido. En especial, esta ley incentiva la participación en el entramado de políticas públicas de las organizaciones de la sociedad civil, proponiendo los mecanismos institucionales para que el ejercicio de este derecho sea garantizado. Esta garantía de participación, también es una garantía de mejoramiento de la calidad, eficiencia y efectividad de las políticas públicas.

El Estado y la sociedad política, dijo Maglietti pretendieron ser el principio regulador. El estado democrático, como representante de esa totalidad, pretendió ser el principio equilibrante de las relaciones entre los sujetos. Pero la pluralidad de identidades de la sociedad moderna no se siente representada en el Estado. La sociedad civil se siente cada vez mas distanciada de quienes supuestamente la representan y aumenta la sensación de exclusión de estos procesos.

La legisladora radical además remarcó que es necesario reafirmar los sujetos para que reencuentren su unidad en relación a los demás. Este proceso comienza por el reconocimiento de los sujetos como tales, que implica atenderlos y crearles su espacio de participación como sujetos dotados de un poder no necesariamente competitivo. El poder también puede ser visto como incluyente, como espacio de participación en la totalidad, en la que ninguna minoría es excluida. En este sentido, el problema de la participación es un problema de poder, como el de los derechos humanos.

La participación es una etapa de la democracia expresó María Maglietti, que mejora la fase anterior de la representación. Y como tal necesita ser institucionalizada. Así como la democracia representativa requiere de elecciones y de todos los mecanismos que garanticen su confiabilidad, así la participación requiere de estructuras y mecanismos que la garanticen.

Es necesario que se modifiquen algunas condiciones que obstaculizan o por lo menos no facilitan el crecimiento de estas organizaciones, generando un movimiento similar al de los estados y organismos de cooperación para facilitar el crecimiento del sector privado lucrativo.

Para concluir la legisladora expresó que estas organizaciones juegan un papel preponderante, asumiendo funciones sociales que el Estado deja de sumir y trabajando junto a éste. Aquí se puede estar frente a una tensión que se define por la confrontación de "colaboración versus cooptación". Es decir, si bien es beneficioso que se forjen espacios de colaboración entre Estado y estas organizaciones, se corre el riesgo de que este coopte a las organizaciones y se conviertan en meras ejecutoras de programas estatales, perdiendo así su independencia y autonomía. Es por esto que resulta necesaria regular la participación de ellas ya que el derecho es un instrumento de cambio social.

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