La polémica sobre los valores de los alquileres y la posibilidad de generar un impuesto a la renta extraordinaria, tuvo su punto más álgido en 2009 cuando el concejal Facundo Moreyra (PJ), promovió que se establezca una discusión, con distintos actores del sector empresario dedicados a la actividad inmobiliaria.

Pasados dos años de aquella iniciativa que no prosperó, y ante la expectativa de que los alquileres no registrarían aumentos significativos, el debate fue perdiendo vigencia. Sin embargo los recientes casos de ocupación irregular, la retracción en la economía de la ciudad, la disminución en la entrega de viviendas del IPV y los aumentos continuos en la canasta básica, reinstalan el debate y vuelve a analizarse la posibilidad de generar sistemas de contralor por parte del Estado en torno a los valores de los alquileres y de la tierra urbana.

En este sentido, el concejal Moreyra, ha indicado que es necesario apelar a la responsabilidad social empresaria en forma efectiva, que se tomen medidas desde el Estado que deriven en beneficio de la ciudadanía para lograr “la construcción colectiva de una comunidad organizada”, advierte el edil.

“La libertad de mercado actual debe ser controlada mediante la acción política del Estado, a partir de la generación de consensos necesarios para que la ciudad pueda continuar con su desarrollo en equidad”, sostiene Moreyra al interpretar que los valores que se establecen en el mercado inmobiliario en materia de alquileres excluyen al trabajador, en tanto que el valor de la tierra urbana se ha vuelto prohibitivo para una familia.

Fondos y programas especiales

En referencia a los alquileres de unidades habitacionales destinadas a viviendas familiares, Moreyra ha evaluado que a la política habitacional existente, debería adherirse otras opciones para el acceso a la tierra o la vivienda.

“Sería interesante estudiar la posibilidad de creación de un fondo social para la construcción de viviendas, con una modalidad que se basaría en la idea de aportes iniciales al estilo de los conocidos grupos privados de inversión. Este fondo común de inversión podrá destinarse para la construcción únicamente de viviendas”, reflexionó el edil.

Crisis habitacional

A los casos de ocupaciones irregulares que se registran en diversas ciudades de la provincia, se suman denuncias sobre las condiciones de habitabilidad en que se entregan las viviendas que adjudica el Estado Provincial.

La política habitacional se suma a las innumerables situaciones irresueltas en el territorio provincial y una vez más los elocuentes anuncios resultaron ser más efectivos que las acciones concretas.

Muchas familias chubutenses confiaron en la posibilidad de acceder a una vivienda digna, y por cierto se concretaron varias entregas en los últimos años, sin embargo entre los vecinos beneficiados con la adjudicación de unidades habitacionales, se han encontrado con la desagradable sorpresa de que registran errores de construcción en las casas entregas por el Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia (IPV).

El dato no resulta menor, especialmente cuando los vecinos denuncian que la garantía que ofrece el Estado es de un año y por tanto si surgen problemas estructurales pasado ese período, sería el adjudicatario quien debería hacerse cargo de las reparaciones.

Cuestión de tiempo

El conflicto habitacional en Puerto Madryn, que registra una de las poblaciones con más jóvenes en el territorio provincial, está muy lejos de resolverse en el corto o mediano plazo, la ecuación es sencilla, a pesar de la entrega de viviendas registradas en los últimos dos años, cada mes aparecen nuevos reclamos en torno a la espera por una vivienda propia, en tanto que existen otros tantos vecinos que no pueden acceder al beneficio de los planes habitacionales que propone el Estado, sin embargo tampoco alcanzan sus finanzas para tomar créditos que les permitan adquirir una propiedad en el mercado inmobiliario.

Desde el Municipio se han otorgado cientos de lotes sociales, pero aún así la demanda sigue creciendo y los valores en los valores alquileres resultan tan excesivos para algunos vecinos, que pensar en ahorrar dinero para acceder a la tierra se hace cada vez más difícil de lograr.

Muchas familias inscriptas en los planes de vivienda que siguen esperando, y otras que ya no pueden pagar los elevados alquileres porque han perdido sus empleos, se suman a los ciudadanos que siguen llegando en busca de un futuro más auspicioso para sus familias.