La iniciativa basa su argumentación en la potestad de cada asalariado de decidir libremente que destino darle a los fondos que recibe como contraprestación de servicios que le brinda a su empleador.

"Que la libertad en la toma de decisión para pagar o no un impuesto no puede ser cercenada compulsivamente por imperio de una ley.

Que determinadas circunstancias pueden implicar para un trabajador estatal la imposibilidad de hacer frente al pago de determinados impuestos.

Que un cúmulo de razones cuyo origen no resulta procedente analizar en este contexto, pueden poner al trabajador estatal en la disyuntiva de pagar un impuesto o atender determinadas necesidades personales o familiares" remarca en los considerandos el proyecto.

Además de la propuesta de declarar la derogación del artículo, la iniciativa contempla la devolución del dinero que ya haya sido descontado hasta aquí por parte del Ejecutivo a los empleados públicos por la msma razón.