Los concejales de Pueblo impulsaron un proyecto para declarar la emergencia vial en Bariloche a raíz de los múltiples accidentes fatales registrados en los últimos meses en el ejido, que se comenzará a tratar la próxima semana en el Concejo Municipal.
A tal fin encomienda al Ejecutivo la confección de un plan integral de seguridad vial con un presupuesto suficiente para la realización de mejoras en la red de calles y caminos, la instrumentación de programas de prevención y la fiscalización de la circulación vehicular.
El proyecto
El proyecto delega en la Jefatura de Gabinete la coordinación de los estudios técnicos necesarios para elaborar un mapa de siniestralidad vial, otro de los futuros trabajos de bacheo y pavimentación con sus respectivos plazos de ejecución y la definición de obras de infraestructura prioritarias.
También propone la revisión de la trama circulatoria de la ciudad para definir velocidades máximas, itinerarios de tránsito pesado y los circuitos de transporte urbano público y de los servicios privados, así evitar los múltiples inconvenientes que hoy se vive a lo largo de todo el año en la ciudad.
La ejecución del plan integral de Seguridad Vial, PISV, sería controlada por la comisión de Servicios, Tránsito y Transporte del Deliberante a través de los informes bimestrales exigidos al Ejecutivo por la norma en estudio.
Esta rendición de cuentas quedaría supeditada al año de vigencia de la emergencia vial declarada.
Los ediles Leandro Lezcano y Carmen Giménez destacaron en los fundamentos el notorio crecimiento del parque automotor y advirtieron que "las características climáticas y geográficas de la ciudad llevan a tomar como prioridad este tema".
A la par de las inversiones en la red vial, el proyecto contempla la creación de un registro de accidentes y víctimas de tránsito y el desarrollo de campanas de concientización y educación para conductores y peatones en acuerdo con la provincia y la Nación.
La iniciativa prevé la designación de un equipo interdisciplinario, con la participación de especialistas de universidades y otras jurisdicciones para la elaboración del PISV y su posterior aplicación, así como la asignación de mayor presupuesto y recursos humanos a la dirección municipal de Tránsito y Transporte.
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