La norma que tomó estado legislativo la semana pasada declara por cinco años la emergencia en materia de posesión y de propiedad de las tierras de los pequeños productores de la provincia.

En ese plazo, se suspenderían las sentencias y los actos procesales y administrativos que tengan como objetivo el desalojo o la desocupación de las tierras de los pequeños productores.

Según denunció el propio diputado Villa, decenas de productores tienen amenazan de desalojo de las tierras en done viven desde hace años, tras procesos judiciales iniciados por empresarios que aseguran contar con documentación que acredita la propiedad de esas tierras.

En sus fundamentos, el diputado mencionó el caso de Gianfranco Macri, que inició juicio de desalojo a la familia Garnica, que ocupa 170 hectáreas; Ruiz, con 500 hectáreas; y Cardozo, con 700 hectáreas, por una compra hecha en 2006.

Según Villa, los pequeños productores firman primero papeles que supuestamente los beneficia con subsidios, pero que luego esa documentación es presentada en juicios de desalojo como prueba de una cesión de sus derechos.

Según los fundamentos del proyecto, los desalojos de pequeños productores rurales aumentaron desde los `90 de la mano de la tala de bosques, las explotaciones mineras, los emprendimientos inmobiliarios y la expansión de la frontera agrícola - motorizada principalmente por el boom sojero.

Los juicios, indicó el legislador, se favorecieron por las condiciones de irregularidad en los registros públicos y falta de políticas de regularización dominial y ordenamiento territorial que otorguen título de propiedad a los pobladores históricos que carecían de ellos.

El proyecto define al pequeño productor como aquel que dirige su propio emprendimiento y posee una superficie total de la explotación de hasta 2500 hectáreas, o una superficie cultivada de hasta 200 hectáreas.

Para los cinco años en los que duraría la emergencia, el proyecto dispone un programa de regularización dominial que será gratuito y concluirá en la entrega efectiva de las tierras a los productores.

Villa insistió en los efectos sociales que se producirían de concretarse los desalojos. "¿Dónde van a parar las familias campesinas que son desplazadas de sus tierras? Algunas de ellas consiguen establecerse en otras tierras, menos fértiles, con menos acceso al agua y al transporte, a los hospitales y escuelas.

Otros terminan viviendo en villas de emergencia alrededor de las grandes ciudadanas", argumentó Villa.