Al respecto López explicó que en la norma propone la creación del Instituto como entidad autárquica y descentralizada, que se vinculará directamente al Poder Ejecutivo para su funcionamiento. Además sostiene que el Instituto será la autoridad de aplicación de las políticas públicas, promoverá al desarrollo integral y protección de las comunidades originarias.

El IPCO tendrá como objetivos, consolidar la participación activa y protagónica de los miembros de las comunidades originarias, representar a las comunidades aborígenes y a sus integrantes ante entidades privadas o públicas, municipales, provinciales, nacionales o internacionales, monitorear el cumplimiento de las disposiciones de tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, así como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

El proyecto consta de 46 artículos divididos en catorce capítulos, en los que aborda entre otras cuestiones: Educación, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico-Cultural, Adjudicación de tierras, Vivienda, Seguridad Social.

El IPCO estará coordinado por un Directorio el cual estará constituido por un Consejo Administrativo designado por el Poder Ejecutivo y seis vocales, en consenso con los representantes de cada región: kolla, atacamas, omaguacas, tilianes, ocloyas y guaraníes. Además propone la creación de un centro de investigación, un Equipo Técnico-científico interdisciplinario rotativo, que se conformará con; un antropólogo, un geólogo, ingeniero en agronomía, un veterinario, un medico clínico, aclara que los profesionales serán designados por el estado provincial, teniendo en cuenta la inserción de profesionales originarios.

Respecto a la adjudicación de las tierras señala que el organismo controlara la regularización de la situación dominial y adjudicación de títulos territoriales de las comunidades garantizando los derechos reconocidos constitucionalmente y en Convenio 169 de los programas existentes todavía vigentes.

"El proyecto- explicó López- responde a diversas demandas y propuestas de representantes de comunidades originarias, no solo la lucha por la recuperación de las tierras, propias de cada pueblo, sino también por la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo hace necesario centralizar e institucionalizar vías de comunicación y participación efectiva para promover y fortalecer proyectos de desarrollo general equitativos, garantizando el cumplimiento de leyes y convenios internacionales”.

La iniciativa tomo estado parlamentario en la 8º sesión ordinaria de la Cámara de diputados, y se encuentra para su análisis en la Comisión de Asuntos Institucionales para continuar con el trámite parlamentario por las comisiones de Cultura y Educación, Economía, Finanzas y Legislación General.