La Comisión Europea propuso ayer destinar 2500 millones de euros a un nuevo programa de reparto de alimentos que sólo beneficiará a la décima parte de los 40 millones de personas que viven en situación de pobreza en la Unión Europea en el sexenio entre 2014 y 2020. El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, afirmó que "la propuesta constituye una ayuda tangible y una muestra de solidaridad", y alertó que la crisis social y económica "está empeorando".

Andor explicó que el denominado "Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados", se repartirá entre los países en función de sus planes nacionales de lucha contra la pobreza. El funcionario adelantó que "las autoridades estatales podrán después distribuir esas ayudas entre asociaciones con fines sociales u organizaciones no gubernamentales, seleccionadas por los países en base a criterios objetivos y de transparencia". El comisario aprovechó para quitarle responsabilidades a la comisión en relación a la posible implementación del programa, al decir que "dependerá de los Estados miembro que los programas se centren en los más desfavorecidos". Acto seguido, aclaró que la intención de la Comisión es que la iniciativa se centre en "sacar del círculo vicioso de la pobreza a los menores sin domicilio y en situación de privación material".

Según la regla de cofinanciación propuesta por la Comisión Europea, los Estados miembros deberán aportar un 15% de los costos de sus programas nacionales sobre pobreza, mientras que el resto vendrá del citado fondo europeo.

Según los últimos datos, correspondientes a 2010, y que no contemplan estos últimos dos años de recrudecimiento de la crisis financiera, el problema de la exclusión y la marginalidad afecta a unos 116 millones de ciudadanos europeos –cerca de la cuarta parte de la población total de la UE–, de los que unos 40 millones sufren carencia de alimentos y bienes básicos y otros 4,1 millones son "sin techo", o indigentes.

Lejos de suponer una cobertura significativa dirigida, al menos, a atenuar la situación de un sector considerable de esa marea de marginados por los recortes impuestos por las autoridades políticas nacionales y los organismos financieros europeos, la Comisión estima en sólo cuatro millones la cantidad total de personas que se favorecerán del programa (sumando fondos europeos y nacionales).

Si reciben el visto bueno de los 27 miembros y del Parlamento Europeo, los 2500 millones de euros se integrarán en la partida de Política de Cohesión dentro del próximo presupuesto plurianual, y complementarán a otros programas ya existentes, como el Fondo Social Europeo, destinado a fomentar la inserción social y el empleo.

El sistema comunitario de reparto de alimentos, inicialmente llamado "Programa Europeo de Ayuda para los Más Necesitados" (PEAD), se encuentra activo desde 1987, aunque en un principio se proveía de los excedentes agrícolas. La progresiva desaparición de esos excedentes hizo que en 2009 la CE tuviera que comprar en el mercado el 80% de los alimentos del PEAD, algo que Alemania y Suecia denunciaron ante la justicia comunitaria, poniendo en cuestión la continuidad del programa. Ahora, según Andor, la recepción será muy distinta. "Este es un fondo diferente con una base legal y un contexto distintos", concluyo el técnico.

Efe y dpa

Grecia sin acuerdo pero con ajustes

Luego de cuatro meses de negociaciones, que incluyeron ayer un anuncio del gobierno conservador de Antonis Samaras respecto a un acuerdo con los organismos financieros y una desmentida posterior del FMI, la situación es cada día más complicada en Grecia. Atenas tendría tiempo hasta el 2016, en vez del 2014, para reducir su déficit presupuestario por debajo del 3% del PBI frente al 9,4% de 2011. A cambio de ese aplazamiento, se negocia un plan con nuevos recortes por valor de 13.500 millones de euros en dos años. El nuevo plan de austeridad incluye postergar otros dos años la edad de jubilación y llevarla a los 67 años. Las medidas de ajuste deben todavía ser validadas por los tres partidos de la coalición gubernamental, –Nueva Democracia, Pasok e Izquierda Democrática– en tensión debido a las diferencias que generó la decisión de Samaras (líder de Nueva Democracia) de aceptar todas las nuevas imposiciones de la troika.

También se prevé nuevos recortes de salarios, de pensiones y más despidos en el sector público. La derecha gubernamental argumentó que el 16 de noviembre el país se quedará sin dinero si no recibe asistencia. Mientras tanto, el desempleo llegó al 25,1% y la deuda pública de Grecia es la mayor de la Eurozona, con un 150,3% del PBI.