La ley, que fue presentada sobre tablas por el legislador comodorense Félix Sotomayor, conjuntamente con sus pares Gustavo Reyes, Mónica Gallego, Adolfo Mariñanco y María José Llanes, y respaldada por demás integrantes del FPV, fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, y apunta a evaluar el contrato «especialmente en lo referente al cumplimiento de obligaciones contraídas en materia de responsabilidad social empresaria y de preservación del medio ambiente».

El proyecto establece que esta Comisión Especial estará conformada por siete miembros, respetando en su integración la proporcionalidad de cada bloque parlamentario. La Comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos, y dictará su propio reglamento interno para cumplir los objetivos fijados.

Se establece que el Reglamento Interno será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión, y en caso de empate el presidente tendrá doble voto. La Comisión tendrá facultades y atribuciones para recibir, labrar actuaciones que dejen debida constancia; denuncias escritas u orales o material probatorio sobre irregularidades relacionadas con su función de Control y Seguimiento.

La ley establece que la comisión podrá solicitar informes escritos u orales, o el envío de documentación, sobre los hechos que sean objeto de revisión o investigación de los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de la administración pública provincial o de entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos, asimismo a toda persona jurídica de existencia física y/o ideal.

También podrá requerir y recibir declaraciones testimoniales y realizar inspecciones oculares, debiendo labrar actuaciones que especifiquen pormenorizada y circunstanciadamente los resultados. Además, podrá solicitar la realización de pericias técnicas o científicas, y solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos especialistas en la materia objeto de revisión o investigación.

El proyecto de ley consigna que dicha Comisión Especial elevará a la Cámara de Diputados de la Provincia, un informe con sus conclusiones finales dentro de los 120 días contados a partir de su constitución, encontrándose facultada a emitir y elevar informes parciales si lo considerara necesario.

Dice el proyecto que las conclusiones finales determinarán claramente si existen incumplimientos, en qué consisten los mismos e indicando en este caso quiénes resultan responsables. Se determina que una vez que el informe con las conclusiones finales tome estado parlamentario, la Comisión lo dará a publicidad en la página web de la Legislatura y lo facilitará a todos los medios de comunicación social que así lo soliciten.