En el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el legislador porteño del Partido Socialista Auténtico (PSA) e integrante del bloque Proyecto Sur, Adrián Camps, presentó un proyecto de Ley para derogar la ordenanza 49669, que adopta la bandera oficial de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la considera “un símbolo pro-colonialista, integrado por emblemas del imperio español”.

Se trata de un pabellón compuesto de un fondo blanco que reproduce en su centro el escudo que el 20 de octubre de 1580 fue adoptado por el fundador Juan de Garay. Está integrado por un águila negra, que sostiene la cruz de Calatrava y una corona, como símbolo del reinado de Castilla y León, y bajo las garras se ven cuatro aguiluchos, que representan las cuatro ciudades o colonias que debían fundarse.

Para Camps, “quienes vivimos en la Ciudad, cosmopolita y democrática, no nos merecemos tener una bandera que contiene símbolos autoritarios y monárquicos. No refleja en absoluto los principios de la democracia participativa, ni el rechazo a todo tipo de discriminación o menoscabo que contiene nuestra Constitución, ni el pensamiento de los habitantes porteños”. Tampoco se merecen esta bandera “los pueblos originarios, que habitaron y habitan el territorio argentino, masacrados por el poder imperial en uno de los genocidios mas atroces de la historia de la humanidad”, sostiene.

La iniciativa fue acompañada por las firmas de todos los diputados que forman parte de Proyecto Sur. “Buenos Aires es la ‘hermana mayor’ de la independencia argentina y artífice de la independencia latinoamericana, y su bandera debe ser fiel reflejo de su lucha por la democracia y del pluralismo de la composición de su sociedad”, insiste Camps, y agrega: “Entendemos que la adopción de un nuevo emblema para la Ciudad debe estar precedido por un amplio debate en el seno de la sociedad”.

El proyecto propone, además, que la aprobación, derogación o modificación de los símbolos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan un procedimiento de doble lectura, es decir, que deberá establecerse con una audiencia pública obligatoria.