Se trata de la propuesta que elevó la Coalición Cívica en ambas cámaras de la Legislatura que sale a la palestra para hacer frente a "la decisión" del gobernador Daniel Scioli de prorrogar de 1 a 15 años las licencias de las salas de juego de la Provincia con el fin de obtener recursos que le permitan terminar de pagar los aguinaldos de los empleados públicos.

“Decidimos realizar este aporte porque estamos frente a una maniobra escandalosa: un negocio para pocos y una miseria para muchos. Con la modificación de utilidades que planteamos en los proyectos, el Estado pasaría a recaudar 800 millones de pesos por año por este concepto”, explicó la única representante de la CC-ARI en la Cámara alta provincial María Gainza.

Uno de los proyectos modifica la ley 14.333 para llevar la alícuota de ingresos brutos de la actividad del 8% a una tasa diferencia bajo el siguiente esquema: “grava con una alícuota del 10% sobre los Ingresos Brutos a la ´Explotación de salas de Bingo´, y una alícuota del 12% a la ´Explotación de maquinas tragamonedas´”.

La otra iniciativa, en tanto, modifica el canon que abonan los bingos al fisco bonaerense, habilita el cobro de tasas municipales y dispone que sea el Estado el encargado de controlar el sistema de verificación de las máquinas tragamonedas.

No pasa desapercibido para los observadores el destino que está teniendo esta presentación de los legisladores opositores de una organización política “en vías de extinción”, que no es otro que dirigirse hacia el corazón mismo de la interna que protagonizan los principales dirigentes del partido de gobierno.