El proyecto lleva además las firmas de los concejales Ariel Eduardo Burgos, Irene Soler Carmona y Aroldo Jesús Tonini y plantea que esa oficina será dirigida por un Director el cual revestirá el carácter de Alto Comisionado del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta y que será designado mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo, y estará dividida en las áreas de Investigación y de Prevención y Planificación.

Entre los fundamentos del proyecto se señala que " a pesar de que la lucha contra la corrupción se ha instalado en la agenda pública internacional y nacional desde hace casi veinte años, promoviendo el diseño de diversas políticas públicas y estándares comunes en materia de transparencia, controles y rendición de cuentas, la Municipalidad de la ciudad de Salta se encuentra un paso atrás en la formulación y diseño de tales políticas e instituciones".

La Oficina Municipal Anticorrupción tendrá entre sus funciones recibir denuncias de particulares, agentes públicos u organismos estatales que se relacionen con su objeto, investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, a las autoridades, funcionarios o agentes públicos a los que se les atribuya un hecho de corrupción.

En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Oficina Municipal Anticorrupción y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga; investigar preliminarmente a toda institución o asociación que tenga como una de sus fuentes de recursos el aporte estatal municipal, directo o indirecto, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de dichos recursos, denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieran constituir delitos, constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Municipal, dentro del ámbito de su competencia y controlar el cumplimiento por parte de las autoridades, funcionarios o agentes públicos de la obligación de realizar sus correspondientes declaraciones juradas.