El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General llevarán mañana a la Legislatura su posicionamiento con respecto al proyecto de adhesión provincial a la Ley Nacional de Estupefacientes (Nº 23.737), por el cual la Justicia provincial asumirá la competencia para la persecución y juzgamiento de delitos de narcotráfico considerados “chicos”. Según trascendió, las encargadas de llevar la posición del Poder Judicial a la Unicameral (que mañana comienza el tratamiento en comisión) serán las vocales del TSJ Aída Tarditti y María Esther Cafure de Battistelli, y la fiscal General, María Cáceres de Bolatti. La magistradas pedirían cambios y precisiones en la iniciativa oficial con respecto a la formación e integración del nuevo fuero provincial antidrogas, presupuesto, tiempo de entrada en vigencia de la nueva ley, alcances, designación de los fiscales y juez de Control, entre otros puntos.

Al respecto, un integrante del TSJ indicó a LA MAÑANA que la Justicia solicitará a los legisladores que la ley no entre en vigencia de inmediato, sino en “un tiempo de entre cuatro a seis meses”, que permita “capacitar a empleados, jueces, fiscales y al Tribunal Superior”, hasta el momento no entrenados en delitos relacionados con la venta ilegal de drogas. La expectativa es estirar el debut hasta el inicio de diciembre.

Dos Fiscalías

Con respecto a la creación del Fuero provincial de Lucha contra el Narcotráfico, previsto en el artículo 3 del proyecto del Poder Ejecutivo, las integrantes del Poder Judicial plantearían a los legisladores que se comience con “dos Fiscalías nuevas”, y no con tres, como indica la iniciativa oficial, más un Juzgado de Control. El proyecto delasotista delega provisoriamente las funciones en los fiscales de Instrucción Alejandro Moyano, Ernesto Gavier y Rubén Caro, y en el juez de Control Nº 6, Agustín Spina Gómez, hasta tanto se designen los responsables del nuevo fuero.

Los alcances

A partir de la adhesión provincial a la Ley Nº 23.737 y sus modificatorias (prevista en el artículo 34), la Justicia Federal quedaría a cargo de la investigación y juzgamiento de las llamadas “causas grandes” sobre narcotráfico, y el fuero provincial de las “causas chicas” o, como suele denominarse, de los “kioscos” de drogas. Uno de los puntos que plantearían Tarditti, Cafure y Cáceres de Bolatti, para que sea puntualizado en la nueva ley, es “qué alcance” tendrá la nueva ley en relación a la incumbencia local. Es decir, en qué cantidades de drogas, o circunstancias del delito comenzaría a actuar el fuero provincial, y cuándo se mantendría la competencia federal.

Sin embargo, la idea no tiene buena acogida en la Justicia, donde prefieren designar a fiscales nuevos, «a partir de orden de mérito vigentes», integrados por candidatos ya examinados. “Evitar nuevos concursos agilizaría los tiempos”, deslizó el juez que habló con este diario. En el Poder Judicial, un aspirante queda en “orden de mérito” cuando aprueba el exámen para un cargo con más de 70 puntos.

Según trascendió, preocupa en el Palacio de Justicia la posibilidad de que Moyano, Caro y Gavier dejen sus actuales causas para abocarse a las nuevas del fuero antidroga. Además, la designación de fiscales nuevos, aseguran, permitiría formar los recursos “desde cero” en la nueva materia.

Presupuesto

El presupuesto para afrontar esta nueva función (que hasta ahora recae exclusivamente en la Justicia Federal) y todos lo que ello implica (en gastos de investigación, infraestructura y personal) inquieta a las autoridades judiciales de la Provincia, que expresan su desconfianza sobre las transferencias de la Nación previstas en el artículo 2º del proyecto oficial.

Dicho artículo indica que el Gobierno “requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, Servicio Penitenciario y prestación de Justicia”. El temor es que Córdoba reciba el mismo trato que la Justicia bonarense. “Vamos a plantear el tema del presupuesto, porque estamos viendo que Buenos Aires reclama a la Nación por estos fondos, pero no reciben los aportes”, indicó la fuente.

Aunque no hay precisiones, una integrante del TSJ que participó a principios de mayo de la presentación del proyecto en el Centro Cívico, calculó que se necesitarían aproximadamente 50 empleados nuevos para poner en marcha el nuevo Fuero provincial Antidroga, lo cual incrementaría el gasto mensual en personal.