A través de una Solicitud de Informes y con la firma de los máximos referente del bloque oficialista del FpV-PJ, que sería tratada en el día de mañana, los legisladores quieren saber fehacientemente el vínculo contractual que actualmente tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Provincial de Lotería y Casino, con la empresa Boldt S.A. y Boldt Gaming SA
La reunión de bloque oficialista previa a la de Labor Parlamentaria insumió un tiempo más que prolongado y sin motivos aparente para los observadores. El tema de debate fue una Solicitud de Informes motorizada por el propio vicepresidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la bancada del FpV-PJ, José Ottavis y Juan De Jesús -respectivamente- y que sería considerada en la sesión de mañana, luego del acuerdo que alcanzó en el bloque mayoritario.
El proyecto que registra como autor a De Jesús expresa textualmente “dirigirse al PE de la provincia, por su intermedio a quien corresponda, y al Instituto Provincial de Lotería y Casino para que informe a esta Cámara con carácter de urgente, en detalle y por escrito” sobre distintos aspectos “relacionados con contratos celebrados, con objeto cumplido, rescindidos, vigentes, o prorrogados entre el IPLyC y/o la provincia de Buenos Aries con las Sociedades denominadas Boldt SA y Boldt Gaming SA, sus subsidiarias, controladas y controlantes”.
Acuerdo que no resultó fácil, muchos diputados del FpV-PJ recordaron el incremento en la recaudación que se produjo en las arcas provinciales por la explotación del juego una vez que la empresa Boldt S.A. comenzó a realizar esta tarea.
La solicitud rompe con la lógica legislativa ya que semeja más un proyecto de alguna bancada opositora que del propio oficialismo, tampoco escapa que la iniciativa se inscribe en torno a la polémica que envuelve al Vicepresidente de la República, Amado Boudou, con la firma contratada por el Estado provincial.
El planteo de Ottavis y De Jesús tensionó al bloque oficialista en un principio, pero la iniciativa contaría con el acompañamiento de toda la bancada. “La relación del Estado provincial con la empresa en cuestión data de la época de Felipe Solá y es absolutamente transparente la relación que tiene, en la actualidad, con el IPLyC, las preguntas que contiene la solicitud son totalmente contestables” dijo un legislador sciolista al término de la reunión de bloque.
Por otra parte, la sesión de mañana que están preparando los legisladores servirá para definir el miembro de la oposición que integrará la delegación de diputados en el Consejo de la Magistratura. Al parecer la UCR estaría imponiendo para ese lugar a Walter Carusso en su condición de segunda minoría y la bancada del Pro Peronismo se estaría quedando con la presidencia de la comisión de Legislación General, que sería para Julio Garro. No obstante, desde la bancada del FAP están dispuestos a forzar una votación dividida y habrá que ver qué camino tomaran las bancadas, que aunque menores, podrían configurar un escenario político que dará que hablar.







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