Diputados electos por el Frente Cívico y Social dieron a conocer una propuesta de reforma al Estatuto del Empleado Público, la que será puesta a consideración a los gremios y los trabajadores a través de debates y una encuesta denominada “A esta ley la hacés vos”.

Los diputados Guillermo Galván, Judith Díaz Bazán y Juan Amado a través de la reforma al Estatuto buscan jerarquizar y revalorizar el rol del trabajador del Estado.

Sostienen que esta propuesta representó uno de los compromisos asumidos durante la campaña política, pretendiendo “sacar de la órbita de la política partidaria las decisiones vinculadas a la carrera administrativa y darle al empleado de la Administración Pública el lugar que corresponde”.

Por ello, con este proyecto que modifica la ley 3.870 del año 1979, la intención es que se imponga “la idoneidad por sobre la discrecionalidad de la política”.

Los diputados plantean la necesidad que “se abra el debate, porque queremos que esa modificación la haga el propio empleado público en base a sus necesidades y experiencia del propio trabajo y a las funciones que desempeña”.

Apuntan a la fijación de “nuevas pautas para el proceso de selección, ingreso y promoción de los agentes estatales; para evitar los privilegios políticos y el nepotismo dentro del Estado, privilegiando la imparcialidad en este proceso de selección e ingreso de los empleados a cada área de trabajo, y tomando los criterios de idoneidad y capacidad para la función que desempeñan”.

En la propuesta contemplan la informatización de las reparticiones públicas, con páginas digitales de acceso fácil al público en general, para las diferentes tramitaciones que se requieran y que permitan una intercomunicación ágil y dinámica entre las distintas áreas del Estado.

También incluye un sistema digitalizado que permita el control del ingreso y egreso de los empleados a su lugar de trabajo.

Con respecto a la promoción, los diputados buscan un incentivo a través de un proceso de recategorizaciones y mejoras de sus ingresos sobre la base de la capacidad y reglas claras y no por medio del “dedo político” que tantas injusticias y desigualdades han provocado en las últimas recategorizaciones que se hicieron en la provincia. Proponen también para incentivar o motivar a los agentes estatales, la eliminación o el replanteo de todas las direcciones de la Administración Pública que están bajo la órbita política, propiciando que las mismas sean concursadas cada 3 años.

“Esto va a permitir liberar un importante número de cargos públicos que hoy son ocupados por punteros políticos sin formación ni capacidad para el rol asignado, y facilitará que sean ocupados por los empleados que más conocimientos y capacidades reúnan en el concurso para acceder a la misma”.

Por supuesto, proponemos también el pase a planta permanente de los empleados contratados o que están en planta transitoria, en proporción a las vacantes que se generen con las jubilaciones que está propiciando el Gobierno provincial, a través de las cuales se pretende retirar a más de 4.000 trabajadores entre este año y el próximo.

Esta iniciativa será implementada a través de una encuesta donde el empleado público volcará sus inquietudes bajo la consigna: “A esta ley la hacés vos”, convocar a los gremios y a todos los interesados en jerarquizar al empleado público invitándolos al debate.