El proceso inflacionario, que de acuerdo con estimaciones privadas fue en 2011 del 22,8 por ciento, trae un inconveniente adicional. Es el hecho de que el Gobierno se niega a reconocer a la inflación como un problema. Un indicador de esto es que en el reciente discurso de la presidenta Cristina Kirchner al inaugurar las sesiones ordinarias del Poder Legislativo no hubo una sola referencia a la inflación.

Según el diagnóstico oficial, la inflación que existe en la Argentina obedece a la presencia de sectores monopólicos u oligopólicos y a comportamientos empresariales angurrientos. La forma de combatir esto es el garrote del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, además, puede haber una motivación de la inflación que se vincula con las expectativas de la gente. ¿Cuál es la forma de enfrentar este problema? Sencillo: disimular el aumento del costo de vida con estadísticas falsas, recurriendo al Indec (estimó en apenas un 9,5 por ciento el aumento de los precios al consumidor en 2011) y persiguiendo o multando a los responsables de institutos o consultoras privadas que midan una inflación diferente a la oficial.

Claro que hay otro diagnóstico no oficial, según el cual la principal causa de la inflación es de índole monetaria y de desequilibrios entre la demanda y la oferta. Las razones monetarias guardan relación con el uso cada vez más extendido de las reservas del Banco Central para financiar gasto público y con el fuerte aumento del circulante. El restante problema pasa por un fuerte fomento del consumo de determinados bienes, que no tiene un correlato en el aumento de la oferta de esos bienes, fundamentalmente por falta de reglas claras, inseguridad jurídica, políticas de desaliento a la inversión y trabas al comercio exterior.

Hasta ahora, la mayoría de los economistas estimaba un crecimiento de los precios de la economía argentina parecido al del año pasado (22,8%), en función del sinceramiento de las tarifas de agua, luz y gas que impactaría en los costos empresarios y podría trasladarse a los precios, y también en virtud de una negociación salarial que podría promediar incrementos del 23 por ciento.

Pero el proyecto de reforma del Banco Central estaría haciendo crecer esas proyecciones inflacionarias.

En tal sentido, el ex presidente de la entidad monetaria Javier González Fraga manifestó su inquietud por la posibilidad de que el Gobierno crea que el Banco Central "pueda financiar alegremente al Estado sin ninguna consecuencia". Aclaró que "esa consecuencia es la inflación".

En igual sentido, otro ex titular de la entidad, Rodolfo Rossi, alertó sobre el uso discrecional de las reservas internacionales desconociendo el axioma monetario fundamental, según el cual la "verdadera moneda" son las reservas y el papel moneda sólo tiene valor en virtud de su respaldo. Sostuvo que "un bajo respaldo de las reservas internacionales, en relación con la cantidad de moneda, hace presumir una huida de ella por falta de confianza y un espectro inflacionario".

Las lapidarias consecuencias que pronostica Rossi se pueden resumir así: "Con el incremento de la base monetaria y la simultánea reducción de las reservas internacionales, el concierto inflacionario que se generará será impactante y sólo será enfrentado compulsivamente con el control de los precios internos y con la regulación y orientación del crédito. Ello generará una inflación reprimida; una distorsión general de precios relativos, que se alejarán de los niveles internacionales, y una seria ampliación de la brecha cambiaria (diferencia entre el dólar oficial y el paralelo), que acentuará las pobres expectativas existentes y, por supuesto, afectará el trabajo y la inversión productiva"..