La ley establece, entre otras mejoras, que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual comienza a contar a partir de que el damnificado cumpla los 18 años de edad, lo que implica que se amplían los plazos para que se puedan reprimir esos delitos.

Hasta ahora el plazo comenzaba a correr a partir de la medianoche de perpetrado el abuso -con lo que al llegar a la mayoría de edad muchas veces estaba prescripto el delito-, aún en los casos en que el abusador fuera el padre o tuviera a su cargo a la víctima.

Especialistas han establecido que “a consecuencia del poder que suele ejercer el abusador sobre el abusado, en general las denuncias no se realizaban a tiempo y por lo tanto los acusados no llegaban a ser juzgados.”.

La promulgación la hizo la Primer Mandataria en la Quinta de Olivos, acompañada por el diseñador Roberto Piazza -uno de los primeros impulsores de la iniciativa-, y especialistas en temas legales de la lucha contra abusos a menores y violencia familiar como Walter Vázquez y del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.