El documento trata la regulación de los requisitos que permitan el uso de instalaciones, bienes y servicios a las viviendas destinadas a todas las personas, haciendo hincapié en aquellas que de forma permanente o transitoria estén afectadas por una situación de movilidad reducida o limitaciones sensoriales.

El proyecto contempla ser aplicado en todas las actuaciones referidas al planeamiento, diseño, gestión y ejecución de planes de viviendas públicas, referidas tanto a la nueva instalación, construcción o uso, como a la rehabilitación o reforma de otras ya existentes. Para ello, estarán obligados al cumplimiento en caso de que se sancione la ley, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social y cualquier organismo público o privado o ente descentralizado que en el futuro ejecute planes de viviendas de carácter social dentro de la provincia.

En el documento se destaca la escasa diferencia de costo entre las unidades habitacionales que habitualmente se construyen y la construcción de edificaciones más accesibles. Sobre esto, la diputada explica que la legislación vigente solo prevé la construcción de viviendas para discapacitados en un porcentaje que oscila entre el 5 por ciento al 10 por ciento del total de las viviendas que se realicen bajo la modalidad de los planes de gobierno. En este caso el nuevo proyecto viene a modificar ese porcentaje y ampliarlo para que la totalidad de las viviendas sean de carácter inclusivo.

La diferencia

de costos

Con la iniciativa presentada, Gersel detalló que se generará un proyecto de unidad habitacional mínima, con dimensiones y ubicación de aberturas, sanitarios, mobiliario fijo, artefactos, de un modo simple de adaptación de su interior, económico y sustentable. En esa línea, compara una planta tipo con el costo de otra que satisface las mismas necesidades, pero que en el caso de ser destinada a un discapacitado, se adapta.

El documento precisa que una vivienda tiene un costo de 100.000 pesos con una superficie de 43.97 m2, equivalente a un costo por m2 de 2.274.27 pesos para una construcción tradicional. En el caso de una unidad habitacional diseñada para necesidades antropométricas de un discapacitado, tanto motriz, como visual y auditivo, que a su vez respete las necesidades que satisface el primer prototipo, hay una diferencia de 1, 22 m2 en la comparación de superficie entre los dos prototipos. Esa cifra equivale a 2.774,61 pesos y representa el 2,77 % del total. “No se trata de un cifra que pueda interferir el avance social que significa tener una vivienda con un cien por ciento de accesibilidad”, señaló al respecto la legisladora.

La diputada aseguró que con este proyecto, cualquier individuo ante una contingencia, sea temporal o permanente, tendría la posibilidad de vivir en su vivienda con la sola colocación de accesorios adaptables a la primera unidad base. “El ejemplo comparativo es para visualizar que el costo no es un problema, es un mito”, puntualizó.

La finalidad de la legislación es lograr la adaptación de la vivienda o el edificio en forma rápida, económica y menos traumática. “La promulgación de una legislación inclusiva para este sector de la sociedad en relación al acceso a la vivienda, sería la punta de lanza de una lucha larga y desigual; la sola enumeración de las normas y su publicidad no crearán conciencia en los actores de esta problemática, ni en los entes involucrados como los Institutos de Vivienda, Consejos Profesionales actuantes y Universidades”, concluyó Gersel.