En esa línea, indicó que en el trabajo de “adherir fuertemente a la política nacional de derechos humanos en lo que es memoria, verdad y justicia, estamos trabajando en la constitución del querellante público en los juicios de lesa humanidad”.

“Queremos que la Provincia, el Poder Ejecutivo, sea querellante y participe en lo que es la búsqueda de justicia, por lo que fue la dictadura cívico militar del 24 de marzo del ‘76 al ‘83”.

Asimismo, indicó que otro de los objetivos que tiene esta nueva etapa de la dirección será “crear el Consejo Provincial de Derechos Humanos, con el que pensamos recorrer todo el interior”.

“El Consejo Provincial será lo que marcaría la política provincial de derechos humanos”, señaló el abogado, agregando además: “Esos son los objetivos centrales: vincular Nación - Provincia, Provincia - municipio y obviamente el municipio con la Nación” señaló.

En lo que hace a la reorganización del área, Díaz Martínez indicó que “se está trabajando en el reordenamiento de las dependencias internas de la dirección”.

“En la actualidad, la dirección de Derechos Humanos cuenta con cuatro áreas, una es el área de Derechos Humanos que la vamos a transformar en asesoría legal, dividida en el área de Protección de los Derechos Humanos y de Promoción de los Derechos Humanos. Después está el departamento de Asistencia a la Víctima del Delito, el de Patronato de Liberados y el programa Anti impunidad”, explicó el funcionario, señalando además: “Estamos trabajando para que estas áreas trabajen en forma conjunta bajo un solo lineamiento, que es coincidir con la política nacional en política pública de derechos humanos”.

De esta forma, señaló que se está gestionando una audiencia con el secretario de Derechos Humanos de la Nación en los próximos días, “donde vamos a dar los primeros pasos en la política nacional”.

Ausencia

Por otra parte, Díaz Martínez se refirió a cómo encontró la dirección al momento de asumir. Según explicó, en esta dependencia encontró “una clara ausencia de una vinculación con la política nacional de derechos humanos, no solamente porque no se acompañó con acciones concretas, sino que tampoco se acompañó la política de lesa humanidad”.

“En Catamarca, tenemos juicios no solo de importancia nacional sino internacional, como es la masacre de Capilla del Rosario, donde intervinieron desde el Estado uruguayo, un equipo antropológico forense reconocido en el mundo por su trabajo”.

“Tampoco se trabajó en forma conjunta con todos los programas nacionales que existen respecto de los niños, adultos y mayores”, indicó el funcionario, a lo que lamentó que “se ha perdido mucho tiempo, que estamos tratando de recuperar”.

Por último, Díaz Martínez aseveró: “Hemos encontrado la dirección con una organización interna, que no se adecua a los tiempos nacionales en política pública de derechos humanos; tampoco a la política latinoamericana, ni a la política internacional”.