La propuesta fue presentada por el bloque de diputados del PJ Modelo Chubut en la Legislatura Provincial. Se prevén plazos de refinanciación de 120 meses a una tasa anual de interés del 10 por ciento. Si prospera en el Parlamento deberá decidir el gobierno que encabeza Martín Buzzi.
que tiene a su favor la entidad.
La medida fue planteada en un proyecto de declaración del bloque que
preside Jerónimo García y alcanza como beneficiarios a todos los empleados públicos provinciales y municipales de todo Chubut, que mantengan deudas con la entidad bancaria provincial o mutuales cuyos descuentos se realicen por planillas de haberes que perciban los empleados.
El beneficio universal implica la refinanciación de las deudas actuales a
un plazo máximo de 120 meses, con una tasa anual de un máximo de 10 por ciento, y alcanza a las deudas que se mantienen con la entidad provincial ya sea “en carácter de crédito personal o de consumo, tarjetas de crédito otorgadas por el banco, y con mutuales o cooperativas de crédito con número de descuento por planilla otorgado por la provincia”.
La medida impulsada por el bloque justicialista indica que “vería con
agrado que el Poder Ejecutivo “Provincial instruya a sus representantes en el directorio del Banco del Chubut S.A. a fin de que la institución
desarrolle y ponga en marcha un programa que subsuma la totalidad del endeudamiento global que los dependientes de la Administración Pública Provincial y Municipal poseen con la entidad”.
Para ello el bloque justicialista de Chubut propone que se concedan “a tal
objeto una línea de crédito a una tasa de fomento del 10 por ciento anual y
plazos que lleguen a 120 meses, pudiendo en estos casos el valor de la
cuota afectar hasta el 30 por ciento del valor del haber bruto del
trabajador”.
Fundamentos
En los considerandos de la propuesta, que será analizada por la
Legislatura Provincial, se indica que ‘el nivel de endeudamiento de los
empleados dependientes de la Administración Pública Provincial y Municipal
llega a niveles que ponen en riesgo el sustento de las familias”.
Y en ese contexto destaca que, de prosperar la iniciativa, “tal
circunstancia hace que la entidad bancaria posea un riesgo crediticio
prácticamente inexistente” y explica que posibilitaría ello al Banco del
Chubut “reducir los valores de la tasa de interés anual actual, en virtud
de que resulta casi nulo el porcentaje de incobrabilidad de los créditos
que otorga, a este segmento de su cartera”.
Luego de destacar que es de público conocimiento que la entidad crediticia
ofrece para las actividades productivas “tasas que están por debajo de las usuales en créditos comerciales en razón del interés de fomento”, la
bancada justicialista puso de manifiesto la importancia que representa en
los mercados locales de cada ciudad, y en la actividad comercial en
particular, “los sueldos” de los agentes públicos potencialmente
beneficiados por la iniciativa.
Antecedente nacional
Los fundamentos del proyecto indican que la posibilidad de acceder a
créditos por fuer a del mercado formal “termina siendo un recurso
disponible para los empleados en la necesidad de afrontar obligaciones
para acceder a necesidades básicas propias y de su familia”, indicando y
reconociendo que se trata de una “modalidad que crece día a día a manos de mutuales, cooperativas y financieras, que son poseedoras de códigos de descuento otorgados por el Estado”.
Es por ello que entre los antecedentes la propuesta cita que “la
Presidenta dicto un decreto por medio del cual establece las tasas máximas que podrán cobrar las entidades alcanzadas” y agrega que se fijó “un régimen de deducción de haberes para hacer frente a las obligaciones de dar sumas de dinero, comprensivo de amortizaciones y servicios de préstamos, pagos por consumo y cuotas sociales”, fijando un máximo del 30 por ciento. “Otro medio para asegurarse la manutención familiar está dado por el uso de las tarjetas de crédito otorgadas por el banco, lo que contribuye aún más a agravar la situación del empleado ya que el diferimiento financiero de sus compras lo lleva a una trampa que lo suma en la iliquidez”, afirma el proyecto.
Se sostiene asimismo que “la situación planteada en el Estado, como
empleador y propietario de la cartera de clientes de la entidad bancaria,
de la cual es socio mayoriatorio, por lo que en procura de la preservación
del peculio de sus trabajadores, bien puede fijar un programa que contemple y solucione lo aquí planteado”.
“La creciente inflación de precios a nivel nacional, no alcanzada por la
posibilidad de aumentos salariales, sería morigerada si se promueven
programas que le permitan al trabajador provincial y municipal disminuir el descuento mensual en sus haberes por créditos tomados y consumos de
tarjetas de crédito”, concluye la iniciativa.
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