Cualquier empleado público que ocupa un cargo, pide una licencia y luego regresa a trabajar en las mismas condiciones. En cambio los docentes, dejaban de hacer el aporte que corresponde y cuando regresaban perdían todos sus derechos, y debían empezar de cero en el cargo e incluso en los aportes jubilatorios.

Según los fundamentos del proyecto, esto genera una situación de «inequidad», y además «se afecta la participación política del docente en todos los ámbitos de la función pública».

De este modo, esta ley «pretende corregir esta situación brindando a todos los docentes que ocupen cargos políticos electivos o no, la posibilidad por no interrumpir la continuidad para el cómputo de servicios docentes».

Así, establece que cuando un docente sea designado o electo en un cargo, «podrá optar por continuar realizando la alícuota de aporte personal correspondiente al régimen de la Jubilación Ordinaria Docente», y agrega que «la alícuota diferencial de aportes deberá calculase sobre la remuneración que percibe el docente en el cargo político».