Los fiscales ordenaron oficios al Ente Único de Control de las Privatizadas y al Ministerio de Hacienda. Avanza la causa en los estrados judiciales riojanos.
Uno de los oficios fue dirigido al Ente Único de Control de las Privatizadas (EUCOP).
Al organismo encargado de controlar a la empresa concesionaria, se le solicitaron datos sobre: los bienes muebles de la entidad, los bienes inmuebles de la empresa, copia del contrato de concesión del servicio en los departamentos Capital, Chilecito y Chamical e inventario de las posesiones de la empresa de capitales correntinos.
En ese mismo oficio se pide que se precise si la empresa pagó el canon mensual que determinaba el convenio legal y las tasas correspondientes.
Otra de las medidas judiciales se dirigió al Ministerio de Hacienda de la Provincia, que comanda el ministro Ricardo Guerra.
En este caso la Justicia quiere saber cuántos recursos le aportó la Provincia a la concesionaria y en qué momento histórico se realizaron esos aportes.
Estrategia
Según pudo saber NUEVA RIOJA, uno de los aspectos más importantes de la investigación judicial está relacionada con la posibilidad de conocer cómo se gastaron los recursos y si se destinaron a su destino específico.
"Le pidieron al Ministerio de Hacienda cuánta plata le pusieron a la empresa y al EUCOP le requieren información sobre el plan de obras realizado cada año. De esta manera, podrán saber si los fondos del Estado riojano terminaron en dónde correspondía", comentó una fuente judicial consultada en las últimas horas.
La denuncia de la Fiscalía de Estado de la Provincia se asienta en sostener que la empresa habría triangulado recursos aportados por el Estado provincial dentro del grupo de entidades que componen el holding que comandaba el empresa Jorge Chamas.
Una denuncia con implicancias
Hace cuatro semanas NUEVA RIOJA publicó los principales lineamientos de la denuncia que la Fiscalía de Estado provincial presentó en contra de la ex concesionaria del agua potable, Aguas de La Rioja.
El argumento de los equipos técnicos del Estado provincial era que la empresa habría triangulado recursos entre diferentes entidades del mismo holding económico. El eje era que fondos del Estado se usaban en otras empresas y con otros destinos.
La denuncia fue encuadrada en la tipificación de fraude, advirtiendo que recursos del Estado podrían haberse destinado a otros fines y especialmente a financiar empresas que tercerizaban los servicios de la concesionaria.
La presentación apuntaba especialmente contra el empresario Jorge Chamas, quien era el propietario del grupo empresario de capitales correntinos. Pero también menciona a otros empresarios del mismo grupo económico y solicita que se investigue el rol de los diferentes directorios de la ex concesionaria.
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