Sostuvo el legislador chubutense que desde siempre el derecho laboral tutela la debida percepción en tiempo y forma de las remuneraciones de los trabajadores, previendo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) la máxima protección al trabajador, inclusive de actos propios que puedan lesionar la garantía constitucional de percepción del salario justo, declarando nula toda renuncia de derechos, imposibilitando la afectación del salario a través de quitas en el recibo de haberes y hasta impidiendo la cesión y afectación por parte de terceros por derecho o título alguno, y por cierto en función de la naturaleza alimentaria del salario, estableciendo límites a la embargabilidad de los mismos.

En función de la protección del salario, la reglamentación establece que las remuneraciones son inembargables hasta una suma igual al importe mensual del salario mínimo vital y móvil y en relación con los montos superiores son embargables en un 10% hasta el doble del salario mínimo vital mensual, y a partir de dicho monto el límite es del 20% cuando se trate de remuneraciones superiores al doble.

De la bancarización

A raíz de la bancarización generalizada del pago de sueldos en las cuentas sueldos, que por un lado trajo como beneficio la certeza en cuanto a la fecha de pago y la percepción íntegra de los haberes, por otro lado trajo como perjuicio que muchas veces por oficios judiciales dirigidos directamente a los bancos se ha embargado las cuentas sueldos en porcentajes mayores a los límites legales, pues las entidades bancarias no controlan ni tienen forma de hacerlo los límites impuestos por la ley 20.744 (t.o.) y el decreto reglamentario.

Ante este cuadro de situación el proyecto de ley prevé la inembargabilidad de las referidas cuentas sueldos, disponiendo que los embargos únicamente podrán ser trabados ante los empleadores, los que deberán velar por el cumplimiento de los límites de inembargabilidad y el orden de prelación de los mismos, depositando el resto del salario en la cuenta sueldo, la que será intocable, inclusive para los jueces, pues hasta las cuotas alimentarias deberán ser ejecutadas ante los empleadores.

El resguardo

Pais en respuesta a esta injusticia presentó el Proyecto referido, argumentando que “ante la posibilidad que cuando cualquier acreedor del trabajador ejerce la facultad de embargar el salario a través de un oficio judicial dirigido a la entidad financiera se generan probabilidades concretas de incurrir en un exceso en relación al límite, afectando con ello la finalidad alimentaria del salario y conculcando una garantía constitucional de todos los trabajadores”.

“Como representante del pueblo pongo en letra de la ley la exclusión manifiesta de la posibilidad de trabar embargos directamente ante las entidades bancarias, disponiendo que para la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo del salario de los trabajadores, los mismos se deberán instrumentar directamente ante los empleadores, pues ello constituye el único medio de garantizar que los límites impuestos en la ley se cumpla”.