Que las trabajadoras de casas particulares sean registradas bajo las normas laborales es “la meta” del programa de regularización que se presentó ayer en Almirante Brown, en el marco de la Comisión Cuatripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades (CTIO), que integran representantes del municipio, los empleados y las empresas. Hubo una disertación sobre derechos a cargo de autoridades de Nación y Provincia.

La iniciativa va de la mano del plan federal que pretende reducir el trabajo en negro y coincide con la reciente apertura de una Oficina de Empleo en Adrogué. Está orientado a un sector donde la contratación informal está naturalizada, tanto que además de que los ‘patrones’ no paguen las cargas sociales, también la relación entre cantidad de horas de desempeño y remuneración está devaluada. La subsecretaria de Promoción de Derechos nacional, Marita Perceval, y el subsecretario de Empleo bonaerense, Luis Antonioli, expusieron sobre el comportamiento a erradicar de las prácticas.

Desde la difusión hasta el acompañamiento en los trámites, cada pie de la comisión comenzará a organizarse para participar en a regulación, que -se conversó- podría tener una sede propia en la ciudad cabecera. “Si se observa desde el vecino, va a llevar bastante tiempo porque no hay un consenso general de la parte patronal en blanquear” a las trabajadoras, planteó Remo Romanazzo, titular de la Cámara de Almacenes, Autoservicios y Supermercados Minoristas del distrito.

Si bien adelantó que su institución se encargará de hacer rodar la información y asistir a quienes deban avanzar en la formalización, entendió que existen dos principales obstáculos a superar: “Por un lado, el personal que trabaja en actividades domésticas muchas veces, por una cuestiones económicas, rehúsa de sus aportes y prefiere que se les pague en mano dichos componentes. Por otro, hay mucho aprovechamiento, hay gente que contrata a las personas por hora y en negro, y encima está mal pago”, analizó el referente.

“La meta final es el blanqueo total, pero creo que vamos a tardar bastante en concientizar porque mucha gente trata de escapar de esas obligaciones”, insistió el comerciante, en diálogo con LA TERCERA. Otra dificultad sería que los dueños de casa acepten contratar a un contador para que realice las presentaciones pertinentes sobre los o las trabajadoras.

La CTIO está compuesta por organizaciones sociales, empresas, trabajadores y autoridades estatales. Además de los almaceneros, por el lado de los contratantes se encuentra el Centro de Industriales Panaderos, mientras esperan que las firmas del Sector Planificado de Burzaco se adhieran. Por los empleados, actúa la CGT como órgano madre. Luego, también articulan áreas municipales, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, que acompañó la iniciativa.