Los autores consideran este proyecto como "necesario" ya que "la Agricultura Familiar representa 251.116 explotaciones agropecuarias a nivel país y 8.026 en la provincia de Salta, lo que constituye un 75 % y 78 % respectivamente del total de explotaciones. En contraposición, los agricultores familiares en nuestra provincia sólo acceden al 18 % de la superficie en producción".

A su vez destacan que "este sector en la provincia de Salta proporciona el 15,6 % del valor bruto de la producción provincial, y el 65 % del empleo rural".

Uno de los puntos principales de la ley es la creación del Consejo Provincial de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar como órgano de aplicación de la ley, que estará integrado por representantes de distintas dependencias gubernamentales, criollos y de comunidades originarias.

Este organismo deberá realizar un relevamiento de los asentamientos de pequeños Agricultores actuales.

A su vez realizará "todos los trámites necesarios para la adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras públicas y/o privadas, que se expropien para tal fin. Para su cometido, todas las reparticiones del área gubernamental deberán prestar el más amplio apoyo y asistencia".

También se establece que "la entrega en propiedad de los inmuebles se efectuará en forma comunitaria de acuerdo a la libre determinación de sus integrantes y en las dimensiones que económica y socialmente sean convenientes".

Además el Estado se compromete a comprarle a las organizaciones de la Agricultura Familiar, para abastecimiento de programas sociales y alimenticios, y para instituciones tales como escuelas y hospitales.

Los diputados firmantes manifiestan que aprobar la Ley significa "el desafío histórico de aportar al cambio del modelo agrario hegemónico, donde la lógica de la mayor renta del capital está destruyendo la naturaleza y al trabajo y donde los productores familiares son expulsados de sus tierras y territorios y ven deteriorados sus sistemas productivos".