Un equipo de la UNCuyo encuestó a los empresarios en el marco de un trabajo de investigación. Casi la mitad de los que mudaron inversiones o están pensando en hacerlo, dicen que el mayor incentivo es el beneficio nacional. San Juan y San Luis, las más elegidas.
El dato se desprende de un trabajo de investigación realizado por un equipo de la Universidad Nacional de Cuyo que -en la segunda quincena de mayo- encuestó a los empresarios mendocinos y que toma relevancia con la extensión de ese beneficio durante quince años más.
La investigación, dirigida por Raúl Molina, pretendía indagar en el impacto de la presión impositiva local sobre la competitividad de las empresas de Mendoza, comparada con otras jurisdicciones.
Sin buscarlo específicamente, los investigadores se encontraron con la sorpresa de que los beneficios en las provincias promocionadas pesan más a la hora de direccionar las inversiones empresarias que la propia presión tributaria legal de la provincia, que es bastante más alta que en el resto del país.
"Entre otras cosas, esto evidencia que cualquier esfuerzo fiscal del Estado provincial para bajar las alícuotas o generar algún beneficio al respecto, sería percibido como un bajo valor por el empresariado", apuntó Molina y concluyó que lo que sí tiene fuerza es el beneficio impositivo que concede la promoción industrial nacional.
Este beneficio -con una historia de más de treinta años- tenía vencimiento en 2012, pero la presidenta Cristina Fernández lo extendió por una década y media más a través del decreto 699/10, por lo que regirá hasta 2027. Los futuros daños económicos motivaron la presentación de un pedido de inconstitucionalidad por parte de la Provincia, apoyada por las distintas fuerzas políticas y sindicales.
El jueves, un juez federal de San Rafael -Héctor Raúl Acosta- frenó el decreto que prorroga la Promoción gracias a una presentación realizada por la Cámara de Comercio de San Rafael.
También el jueves el gobernador, Celso Jaque, fue recibido por el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, a quien pudo plantearle los perjuicios económicos a Mendoza. Un día antes, el vicegobernador, Cristian Racconto, había adjuntado una resolución del Senado provincial a la demanda realizada por Fiscalía de Estado mientras que la Cámara de Diputados sancionaba otro proyecto pidiendo la creación de una ley nacional de promoción.
Para la próxima semana, en tanto, ya se está organizando la comitiva de legisladores que hablará del tema ante las comisiones correspondientes. "Al no haber ingresado a la bicameral entendemos que se trataría de un decreto común, más fácil de derogar que uno de necesidad y urgencia", se esperanzan en la oposición.
En el Congreso, los legisladores por Mendoza se pusieron de acuerdo por primera vez y pidieron en ambas cámaras la derogación de la ley. Del otro lado, las provincias promocionadas (San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca) también han armado un frente para luchar en la justicia para que no se derogue el decreto y han prometido juntar su fuerza política para dar batalla al pedido de Mendoza.
De este modo, la clase política, sindical y empresarial han sido tajantes: la promoción industrial afectará gravemente la economía de Mendoza y, sobre todo, su capacidad para generar empleo. Ahora, desde la UNCuyo confirman estas presunciones a través de un trabajo y de una encuesta a los empresarios mendocinos realizada en la segunda quincena de mayo.
Hacer las valijas
En líneas generales, los investigadores mostraron que la alta presión tributaria mendocina no es, en tanto, un motivo para que la empresa cambie su lugar de operaciones.
En cambio, los dueños y gerentes de diversas firmas observan cómo se diluyen sus posibilidades de competir cuando comparan los incentivos fiscales de las vecinas San Juan y San Luis con la realidad de Mendoza. En este sentido, 44% de los empresarios que han pensado en mudarse o que ya lo comenzaron a hacer lo hacen incentivados por la promoción.
A ellos hay que sumar un 33% que valora las ventajas financieras de las otras provincias y un 22% de los que han pensado en dejar Mendoza incentivados por la infraestructura de otros sitios.
"Hay que destacar que en la visión del empresario, las diferencias en los flujos de caja ocasionados por el pago de impuestos son de índole financiera", se lee en una síntesis del trabajo desde donde se infiere que "casi 70% de las causas para irse o pensar en hacerlo se vinculan o tienen origen directo o indirecto en el tema fiscal".
De este modo, los investigadores reafirman el fuerte impacto que los incentivos tributarios nacionales en otras provincias poseen en las decisiones de inversión y, en consecuencia, en la economía provincial.
El trabajo, además, comparó las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos con las del resto del país. En líneas generales, se concluyó que los costos están equiparados y, en Mendoza, este tributo no ha sufrido prácticamente aumentos desde 2001. Por otra parte, determinó que el impuesto de sellos es, en la provincia, bastante más alto que en otras jurisdicciones o que el promedio nacional.
"Consideramos que ese impuesto distorsivo es un desaliento en la localización de determinadas actividades productivas", apuntó Molina al mismo tiempo que agregó que -a pesar de esa realidad- los empresarios no tenían en cuenta el alto gravamen en contratos y actos jurídicos como un impedimento a la competitividad.
En este sentido, buena parte de los empresarios desconocían esa realidad y, por ende, no la percibían como un problema. Esto, en contraposición con los perjuicios que ya trajo la Promoción Industrial y que promete volver a repetirse -con algunas partidas que ya comenzaron- si el decreto no se revierte.
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