A cambio, el gobernador mendocino levantaría las demandas judiciales que mantienen frenada la promoción en San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca.

En ese sentido, el senador por la UCR Armando Camerucci presentó un proyecto de ley para que sea la Legislatura la que decida si Mendoza debe levantar o no las demandas que se han presentado ante la Justicia federal, una de las patas centrales del posible arreglo.

“Los perjuicios que provocaría una u otra salida sin un debate responsable e integral serían innumerables, por lo que creemos de vital importancia que cualquier decisión que se tome debe ser puesta ad referéndum de esta Legislatura”, expresó Camerucci como uno de los fundamentos de su propuesta.

En tanto, el presidente del Partido Demócrata, Andrés Grau, firmó un comunicado de prensa que expresa: “Entendemos que el Gobierno provincial no debe abandonar la vía judicial”.

Y agrega: “Los mendocinos hemos aprendido que los arreglos políticos, como fue el realizado por el ex gobernador Julio Cobos con el Gobierno nacional para desactivar un reclamo judicial iniciado en 1997, tuvieron solamente un beneficio individual para quien los gestionó. Hoy nos encontramos en una situación similar: aparentemente, el gobernador logra firmar el desendeudamiento a cambio de un arreglo para dejar de lado el reclamo judicial que contó con el apoyo de todos los sectores de nuestra provincia”.

El conflicto está cobrando temperatura en Mendoza a pesar del silencio de Jaque, quien se encuentro en Estados Unidos –adonde estará al menos hasta mañana– y poca referencia ha hecho sobre el tema en los últimos días. Pero, más allá de eso, ya casi nadie duda en la Casa de Gobierno de que el arreglo está cerca y que pasará por el decreto de Cristina. Es más: fuentes confiables le sostuvieron a Diario UNO que incluso todo quedará definido la semana próxima.

Los rechazos opositores

Los planteos de los referentes opositores se agregan a los que ya hicieron públicos los intendentes de ambos partidos.

El jueves, cinco jefes comunales del radicalismo (Alfredo Cornejo, Mario Abed, Gustavo Pinto, Eduardo Giner y Gerardo del Río) y los dos del PD (Jorge Di Fonso y Omar Parisi) expresaron públicamente su desacuerdo con el decreto que estaría por firmar la Presidenta. Según se sabe, incluiría a siete departamentos de Mendoza (Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, General Alvear y Malargüe) en el régimen de promoción industrial. A cambio, Mendoza levantará las demandas que inició ante la Justicia federal y el régimen entrará en vigencia en las provincias vecinas.

Uno de los impulsores de este plan, el diputado nacional Omar Félix (PJ), fustigó a los caciques comunales opositores y los acusó de ser “una máquina de impedir”. (Ver aparte.)

Grau advirtió que “Malargüe no es limítrofe de ninguna provincia beneficiada con promoción y además ya tiene, por normativas provinciales, beneficios en distintos tributos provinciales, por lo que en este caso las diferencias serían mayores a favor de una localidad en detrimento de otras”.

Camerucci, por su parte, dijo: “Si se dictara un nuevo decreto, no se solucionaría el fondo de la problemática. Lejos de promover el desarrollo productivo y económico, se estaría generando un contexto de inequidad que se advierte con respecto a la situación en la que se colocarían las provincias vecinas con estas medidas”.