El "misterio" que rodea las negociaciones entre el gobierno de Celso Jaque y la Nación sobre la promoción industrial para que se incluya a algunos departamentos en el beneficio y, a cambio, Mendoza frene la acción judicial que apuntaba a evitar la aplicación del decreto 699 en provincias vecinas, determinó una inmediata y firme reacción de la oposición legislativa.

Pero además de apuntar a la actitud del Gobernador por no informar, también se incluyó al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, en las críticas por " no defender los intereses provinciales".

El martes pasado, De Rosas y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, presentaron un escrito ante la Corte nacional para, de acuerdo a fuentes nacionales, desistir de la causa contra la administración nacional por el nuevo decreto de promoción industrial.

Pero además esas fuentes aclararon que el fiscal de Estado también pidió un pronto despacho por lo que se estima que el máximo tribunal de la Nación no tardará más de una semana en resolver el trámite (ver aparte), lo que determinaría que se concretaría el pacto y además permitiría la aplicación del desendeudamiento.

Ante la novedad publicada ayer por Los Andes, el Gobierno se vio obligado a salir a dar explicaciones, aunque el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazaban, se limitó a decir que "la próxima semana el Gobernador informará sobre el acuerdo en el que se incluye a Mendoza en la promoción".

Pero el intento de calmar las aguas por parte de Cazabán determinó que la oposición reaccionara rápidamente. En ese sentido, el bloque de senadores del Partido Demócrata solicitó al vicegobernador, Cristian Racconto, el inmediato llamado a una asamblea legislativa con la presencia de Jaque "para que comunique a la ciudadanía todas y cada una de las gestiones que se han realizado a partir de la publicación del decreto nacional Nº 699/2010 y la posible firma de una nueva norma que incorporaría a los beneficios de la promoción industrial distintos departamentos de Mendoza".

Además, el Partido Demócrata afirmó en un comunicado firmado por su vicepresidente, Andrés Grau, que "sin saber todavía cuál será el decreto que el gobernador Jaque pactó con la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya se comienzan a encender luces amarillas y creemos que pronto se pondrán rojas, de acuerdo a los trascendidos". Los demócratas entienden que no se debe abandonar el reclamo judicial.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, Armando Camerucci, solicitó al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, respuestas sobre la promoción industrial. El legislador recordó que la Fiscalía de Estado, que tiene carácter de órgano independiente y autónomo del gobierno provincial, "debe velar por los intereses de los mendocinos y no por los del Poder Ejecutivo".

Recordó el senador que en los proyectos que su bloque presentó el 2 de setiembre, se solicitó a la Fiscalía de Estado que continúe con el curso del proceso iniciado ante la Corte de la Nación y que el Poder Ejecutivo ponga en consideración de la Legislatura la decisión de renunciar o no a los juicios que Mendoza tiene con la Nación, "ratificando una vez más nuestra opinión de que no se dé marcha atrás en el litigio".

Camerucci consideró que " el fiscal de Estado debe cumplir con su mandato de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso - administrativos y en todos aquellos en que se afecten intereses del Estado".

Para Juan Carlos Jaliff, titular del bloque de senadores de Consenso Federal, "es poco serio que el Gobernador no informe a los mendocinos sobre las negociaciones que realiza con la Nación". Enfatizó que el fiscal de Estado no representa al Gobierno sino al Estado mendocino y debería informar a la Legislatura si efectivamente ha presentado un escrito para que se paralice la demanda que Mendoza ha presentado contra el decreto 699.

"Los mendocinos se merecen que se les informe qué se está negociando. Si no, vamos a encontrarnos con una desagradable situación que es la de los hechos consumados", apuntó Jaliff.

Según Alejandra Naman, senadora del ARI, "acá lo que hay que ver es si la acción se ha suspendido en sus efectos o se ha renunciado".

Indicó además, relacionando las condiciones nacionales para acceder al perdón de deuda y el decreto 699 de la promoción industrial, que "está claro en el texto del convenio de desendeudamiento que hay 90 días para terminar con los conflictos judiciales entre la Nación y la provincia. Veremos qué pasa ya que esto crea una situación de mucha incertidumbre y de mucha desigualdad"